Pagaron más de 126.000 euros por su futura casa en Mallorca y solo encontraron los cimientos: piden ocho años de cárcel para el promotor

Comprar una vivienda sobre plano suele ser un proyecto lleno de ilusión, pero para dos compradores en Palma el sueño terminó convertido en una pesadilla económica. Tras desembolsar 126.200 euros en apenas cinco meses para levantar un chalé unifamiliar, lo único que encontraron en la parcela cuando venció la fecha de entrega fue una cimentación básica. Ahora, el promotor inmobiliario se enfrenta a ocho años de prisión por un presunto delito de estafa agravada.

El acuerdo se remonta al 12 de enero de 2023, fecha en la que las víctimas firmaron un contrato privado de compraventa para la construcción de una casa en una parcela de la capital balear por un importe fijado en 360.000 euros. Confiando en el compromiso adquirido, los clientes realizaron sucesivas transferencias bancarias entre el 16 de enero y el 3 de junio de ese mismo año.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el constructor jamás tuvo la intención real de edificar el inmueble. La acusación remarca que el promotor se limitó a cobrar el dinero de los afectados mientras la obra permanecía en punto muerto.

Uno de los momentos más críticos del caso tuvo lugar a principios de junio de 2023. El acusado trasladó a los compradores que carecía de liquidez suficiente para continuar con los trabajos, advirtiéndoles de que necesitaba dinero con carácter urgente y prometiendo que se lo devolvería con total inmediatez.

Desesperado por no perder el proyecto de su vivienda, uno de los clientes solicitó un préstamo personal de 40.000 euros para transferirle los fondos. Aquel crédito acarreó una carga financiera añadida: 21.115,88 euros únicamente en concepto de intereses bancarios.

Pese a ese esfuerzo económico desesperado, nada avanzó. Cuando llegó la fecha límite fijada para culminar la vivienda y formalizar la escritura pública ante notario, el 12 de julio de 2024, sobre el terreno solo existía el hormigón del suelo.

Lejos de ofrecer soluciones, la promotora llegó a poner a la venta la misma finca a través de su página web corporativa y en diversos portales inmobiliarios de internet. La maniobra motivó la intervención del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, que el 25 de julio de 2025 ordenó una medida cautelar contundente: la prohibición expresa de vender o disponer de la parcela para blindar el patrimonio frente a posibles terceros.

En el escrito de acusación, formalizado el 7 de abril de 2026, la Fiscalía de Baleares solicita para el administrador de la mercantil una condena de ocho años de cárcel. El fiscal aprecia en este caso la circunstancia agravante de reincidencia, dado que el empresario ya contaba con una condena previa de marzo de 2022 a nueve meses de prisión por estafa, cuya ejecución había sido suspendida durante dos años. Por ello, se ha pedido que se remita testimonio al juzgado de lo penal correspondiente para valorar la revocación de aquel beneficio penitenciario si vuelve a ser condenado.

En cuanto a la indemnización, la acusación exige que el promotor devuelva íntegramente los 126.200 euros entregados por las víctimas y que abone los 21.115,88 euros generados por los intereses del préstamo bancario, con la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa constructora. Todos los hechos y calificaciones descritos corresponden a la acusación provisional previa al juicio.