La oposición de izquierdas en Palma une sus fuerzas en defensa de los okupas: «No se les da alternativa»

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 16/06/2026 12:54
  • Actualizado: 16/06/2026 12:54

La oposición de izquierdas en Palma une sus fuerzas en defensa de los okupas. «No se les da alternativa», han afirmado los portavoces de PSOE, separatistas de Més y la única concejala de Podemos en el Ayuntamiento de la capital balear, después del desalojo de los 80 okupas que todavía permanecían en la antigua prisión de Palma.

En un comunicado conjunto, estos partidos consideran especialmente grave el desalojo de la antigua prisión de Palma, «ejecutado sin una respuesta residencial estable para las personas afectadas».

Las tres formaciones han presentado una moción para que Palma sea declarada ciudad en emergencia habitacional y que todas las actuaciones relacionadas con desalojos vayan acompañadas de una intervención social previa y de una coordinación efectiva entre administraciones para garantizar alternativas residenciales dignas.

Además, la iniciativa insta al equipo de gobierno a presentar, en el plazo de un mes, un informe detallado sobre la situación de los afectados por el desalojo de la antigua prisión y las medidas sociales y residenciales adoptadas para atenderlos.

Las formaciones alertan de que el caso de la antigua prisión no es un hecho aislado, ya que la situación vivida de Son Bordoy y en otros asentamientos «evidencia una dinámica repetida de expulsión de personas vulnerables sin resolver las causas sociales y económicas que las han conducido a esta situación».

La moción pone de manifiesto que las dificultades de acceso a la vivienda han obligado a muchas personas a residir en caravanas, autocaravanas o espacios precarios, «una realidad que requiere respuestas sociales e institucionales, y no medidas sancionadoras o de persecución».

PSOE, Més y Unidas Podemos han condenado la actuación del equipo de gobierno municipal por el desalojo de la antigua prisión y han considerado este hecho como «una pieza más de una estrategia sistemática de expulsión de las personas más vulnerables de Palma».

«Los anuncios de nuevos desalojos de asentamientos, caravanas y otros espacios de residencia precaria evidencian la voluntad del gobierno municipal de hacer desaparecer del espacio público las consecuencias de la crisis de la vivienda, en lugar de afrontar sus causas», han lamentado estas formaciones, que piden también reprobar al alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Y como colofón de su defensa acérrima de los okupas, la oposición considera que «ninguna administración pública debería promover desalojos o sanciones contra personas en situación de vulnerabilidad sin ni tan sólo garantizar antes una adecuada alternativa habitacional. Las instituciones deberían tener la obligación, de proteger los derechos de las personas y no de criminalizar las consecuencias de sus propias políticas».