Ibiza rebaja un 88% la multa a una vivienda turística ilegal al destinarla su dueño a alquiler social

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 11/03/2026 13:56
  • Actualizado: 11/03/2026 13:56

Un despacho de abogados ha reducido hasta un 88% una sanción por alquiler turístico sin licencia interpuesta en Ibiza. La multa ha podido rebajarse a 33.000 euros mediante un acuerdo administrativo que incorpora la vivienda al programa público Alquiler seguro durante cinco años.

La sanción inicial era de 275.000 euros y había sido impuesta por el Consell a la propietaria de una vivienda en Sant Antoni destinada a alquiler turístico a través de la plataforma Airbnb sin contar con la correspondiente licencia.

La reducción de la sanción, que finalmente ha quedado fijada en 33.000 euros, se ha logrado tras la intervención en vía administrativa, sin necesidad de acudir a los tribunales. El caso supone además la primera aplicación en Ibiza del nuevo mecanismo que permite reducir hasta un 80% las sanciones en materia turística cuando el inmueble se destina posteriormente a uso social.

En este supuesto, los letrados negociaron con la administración que la vivienda se incorporara al programa Alquiler seguro del Govern. A través de este programa, los propietarios alquilan la vivienda durante un periodo de cinco años con un precio fijado por el Ejecutivo autonómico y con garantía de cobro del alquiler. A cambio, el Consell aplicará la máxima reducción prevista en la normativa para este tipo de sanciones.

A esta rebaja se suma además un descuento adicional del 40 % contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común por reconocimiento de los hechos, renuncia a la interposición de recursos y pronto pago de la sanción.

«Este caso demuestra que muchos expedientes sancionadores pueden resolverse de forma eficaz en la fase administrativa si se conoce bien la normativa y se exploran todas las vías legales disponibles», han señalado los letrados del despacho Soriano i Piqueras en un comunicado.

Además, han destacado que la resolución también marca un precedente relevante en Ibiza. «Se trata del primer caso en la Isla en el que se aplica este mecanismo de reducción vinculado al uso social de la vivienda, lo que abre una vía interesante para otros propietarios que se encuentren en situaciones similares», han afirmado.