Por un fútbol balear sin violencia
El pasado día 9 de abril se celebró el I Congreso sobre la Violencia en el Deporte organizado por la FFIB, una iniciativa que merece, sin duda, un reconocimiento explícito. Situar este problema sobre la mesa, promover el debate y tratar de implicar a los distintos actores del deporte es un paso necesario y, en ese sentido, digno de aplauso.
Ahora bien, junto a este reconocimiento, considero necesario aportar una reflexión crítica, desde la experiencia de más de 15 años trabajando y proponiendo iniciativas en este ámbito, tanto a la FFIB como a las Administraciones Públicas. Quince años que coinciden con mi condición de socio fundador de la Asociación Nacional Deportes sin Insultos, etapa en la que tuve la oportunidad de colaborar con Ángel Jiménez Bonillo, conocido como «el árbitro de la paz» y presidente de dicha asociación.
Desde esa experiencia acumulada y el acceso a diversas fuentes y comunicaciones de seguimiento de la violencia en el fútbol español, es llamativo observar cómo algunos análisis sitúan a las Islas Baleares como la comunidad autónoma con mayor incidencia de conflictos en el fútbol amateur y base, mientras que regiones como Navarra y Aragón aparecen con los menores índices en esos mismos informes. (Fuente año 2023: Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte). Por ello, es responsabilidad de todos abordar el problema con rigor y herramientas adecuadas: ¡no basta un congreso y cuatro fotos para reducir las conductas violentas en el entorno deportivo de les Illes Baleares!
Porque, si bien es positivo que se organicen congresos (de presupuesto millonario) y se visibilice el problema, sigue existiendo una carencia fundamental: la falta de análisis riguroso de los datos. Una quedada donde unos hablan, no hay turno de palabras, y no hay conclusiones ni estrategias de mejora, no es más que una iniciativa estéril y para la foto de turno.
Sin datos, todo lo demás son opiniones. Y aunque las opiniones pueden ser bienintencionadas, solo los datos permiten construir diagnósticos objetivos, identificar causas reales y diseñar medidas eficaces de prevención. En este sentido, resulta imprescindible dar un paso más allá y apostar por la creación de un verdadero observatorio de la violencia en el fútbol balear que, apoyado en herramientas estadísticas y criminológicas, permita analizar qué está ocurriendo, dónde, cómo y por qué.
A esta falta de análisis se suma también el escaso impulso dado a órganos clave como la Comisión Antiviolencia. No es un problema nuevo: su previsión normativa se remonta al año 2006, cuando ya se contemplaba la necesidad de articular mecanismos específicos de prevención y control. Sin embargo, durante más de una década, dicha comisión no fue convocada ni desarrolló actividad efectiva alguna.
No es hasta 2019 cuando se regula mediante decreto, dotándola formalmente de estructura y funciones. A pesar de ello, su desarrollo práctico siguió siendo inexistente, hasta el punto de que no es hasta 2023 cuando se produce su nombramiento efectivo.
Desde entonces, la acción de las administraciones en torno a esta comisión ha sido prácticamente nula, sin que se conozcan informes públicos, estadísticas oficiales ni análisis sistemáticos que permitan evaluar la evolución real de la violencia en el fútbol balear. La propia ley, desde 2006, ya apuntaba la necesidad de dotarlo de contenido real; casi dos décadas después, esa tarea sigue pendiente. Muchas buenas intenciones, pero poco análisis científico.
Solo así, con análisis de datos, se podrá poner el foco en los puntos críticos y desarrollar iniciativas realmente útiles, evaluables y sostenidas en el tiempo. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos en acciones puntuales, sin continuidad ni impacto real.
Del mismo modo, me sorprende la escasa, o nula, atención que se presta a factores ampliamente conocidos, como la relación entre el consumo de alcohol y los comportamientos violentos. La venta de alcohol en muchos campos de fútbol sigue siendo una práctica habitual, sin que exista una actuación firme y decidida para limitarla o erradicarla, pese a que la venta y consumo de alcohol esté prohibida por la Ley del deporte balear desde el año 2006. Resulta difícil comprender cómo se pretende reducir la violencia sin abordar de forma directa uno de sus principales factores de riesgo.
Tanto la Real Federación Española de Fútbol como las federaciones territoriales tienen capacidad suficiente para actuar con mayor determinación. No basta con concienciar: es necesario intervenir, regular, supervisar y, cuando proceda, sancionar. Hay margen —y responsabilidad— para hacer mucho más.
El fútbol tiene un enorme valor social, educativo y cultural. Precisamente por ello, quienes formamos parte de este entorno sabemos que la lucha contra la violencia no puede quedarse en declaraciones de intenciones. Es momento de apostar por el conocimiento, el análisis y la acción basada en evidencias.
Porque solo a través de los datos, y de su correcta interpretación, podremos construir un fútbol más seguro, más respetuoso y verdaderamente libre de violencia.
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