Funcionarios de Justicia cifran en 500.000 las actuaciones judiciales suspendidas en Baleares
El decano de los Abogados de Baleares apremia a retomar las negociaciones para poner fin a la huelga
Los funcionarios de justicia salen a la calle contra Llop: «Le importan muy poco los trabajadores»
Medio centenar de funcionarios de Justicia se ha concentrado este jueves frente a los juzgados de Vía Alemania de Palma en un acto de protesta en el que han asegurado que ya son alrededor de 500.000 actuaciones en las Islas las que se han suspendido por la huelga hasta el momento.
Los sindicatos convocantes han cifrado el seguimiento de esta nueva jornada de la huelga indefinida en un 70% del personal llamado a seguirla, que abarca a unas 1.400 personas en Baleares, entre las que se encuentran los cuerpos generales, los secretarios judiciales y los trabajadores del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.
El portavoz de CSIF, Pablo Rodríguez, ha señalado a los medios que el conflicto está «estancado» y esta jornada representa «una oportunidad más perdida para solucionarlo por parte de Justicia, para dar a los ciudadanos el servicio de calidad que merecen».
«En CSIF sí se cree en la justicia y se considera que tiene que ser ágil, funcional, rápida y, mientras tanto, así lo reivindicarán los funcionarios en huelga», ha matizado el representante sindical.
Durante la protesta, las cerca de 50 personas concentradas han coreado consignas para criticar que llevan «más de un mes de huelga, sin negociación», que «el Ministerio, les discrimina» o para reivindicar que a «más funciones, más retribuciones».
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) de Baleares, Carlos Peña, ha señalado que la administración de justicia está «paralizada» por el conflicto laboral.
Además, ha considerado que «gran parte o toda la culpa» es del Ministerio porque «son los que tienen firma en el Boletín Oficial del Estado y la posibilidad de desactivar el conflicto». Aún así, ha señalado que cada vez son menos las actuaciones judiciales que se «suspenden» por la «propia dinámica del conflicto», que obliga a anular comparecencias o señalamientos a futuro.
«Se suspenden cientos o miles de juicios o comparecencias diariamente a nivel balear y decenas de miles a nivel nacional, es decir todo aquello que no entra dentro de las tareas esenciales de los servicios mínimos», ha recalcado el representante de STAJ, informa Europa Press.
A la protesta también ha asistido el delegado de CCOO, Antonio María Gilarranz, que ha reclamado «poner remedio a la situación» y que Justicia «se siente a negociar», porque, a su juicio, las reivindicaciones son «justas».
Gilarranz ha criticado que el departamento que dirige Pilar Llop no haya negociado conjuntamente, cuando sí lo ha hecho con jueces y fiscales. «Algunos representantes del Ejecutivo, como el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha reconocido a los representantes sindicales que se sentará a negociar después de las elecciones, esto es algo indignante porque se prioriza la convocatoria electoral a solucionar los conflictos en los servicios públicos de la administración», ha puntualizado.
Según el representante de CCOO «no tiene sentido», puesto que las elecciones del 28M son municipales, insulares y autonómicas, instituciones que no tienen competencias de justicia, pero aún así tienen la «esperanza» que Justicia se siente a negociar, al menos, la semana que viene porque «no se puede aguantar más la situación para el funcionamiento del sistema judicial».
Por último en respuesta a preguntas de la prensa, el coordinador de Justicia de UGT en Baleares, Javier Pérez, ha reprochado la «carencia de voluntad negociadora» del Ministerio, frente al gobierno del País Vasco -que sí tiene competencias en esta materia- y donde este miércoles, los sindicatos ELA y LAB han puesto fin a la huelga del personal de Justicia que mantenían desde el pasado 17 de abril tras ratificar en asambleas el acuerdo alcanzado por el Gobierno vasco para la equiparación salarial de más de 2.500 trabajadores con el resto de funcionarios de la Administración General de Euskadi, lo que supone un incremento retributivo del 13%.
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