Formentera no es Ceuta, pero cada vez se parece más: cementerio con decenas de pateras y 2.700 inmigrantes ilegales en una isla de 12.000 vecinos

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 26/09/2026 04:00
  • Actualizado: 26/09/2026 04:00

Formentera no es Ceuta, pero cada vez se parece más: cementerio con decenas de pateras y 2.700 inmigrantes ilegales en una isla de 12.000 habitantes, lo que supone un porcentaje de casi un 23% de su población, solo este año.

Como ha denunciado el PP, las llegadas se producen en ocasiones en auténticas oleadas, con cientos de personas en apenas 24 o 48 horas, lo que obliga a activar simultáneamente dispositivos de seguridad, emergencias, identificación, atención sanitaria, traslados y servicios sociales en esta pequeña isla. Esto, a su vez, confirmaría que detrás de estas avalanchas hay organizaciones y una estructura perfectamente consolidada que trafica con total pasividad y tolerancia del Gobierno.

De hecho, Formentera ya gasta el doble en mantener el aluvión de menas que llega a sus costas en la residencia y centro de día para sus mayores.

Actualmente, la institución tutela unos 250 menores extranjeros que suponen una carga de recursos y económica notable que ha obligado a la institución insular presidida por Óscar Portas a aprobar el reconocimiento de 3,17 millones de euros para hacer frente a los servicios de atención, acogida residencial y protección de menores tutelados este año.

Un importe más que notable para los vecinos de una isla que destina 1,5 millones al mantenimiento de las instalaciones y personal de la Residencia des Brolls y el Centro de Día para personas mayores.

La situación es especialmente compleja por su condición insular y por la carencia de infraestructuras específicas destinadas a la atención de menores migrantes no acompañados, ya que la isla no dispone de ningún centro ni recurso permanente para este fin, ni tampoco de plazas estructurales que permitan absorber el incremento constante de llegadas.

La situación actual evidencia una vez más que el fenómeno migratorio que afecta a Formentera ha dejado de ser una realidad coyuntural para convertirse en un problema estructural.

A ello se une el hecho de que desde 2024 las islas de Ibiza y Formentera son el nuevo destino favorito para las pateras que llegan a las costas de Baleares. Anteriormente, era Mallorca la isla balear que concentraba la mayor parte de las llegadas de los cayucos, con un 80% del total. Sin embargo, desde entonces las llegadas se han repartido de forma distinta y ahora son Ibiza y Formentera las que representan el 60% del total de llegadas de inmigrantes y pateras.

Precisamente en la jornada de este viernes, el senador autonómico Miquel Jerez y el portavoz del PP en el Congreso, José Vicente Marí, acompañados del presidente insular del PP en Formentera, Hugo Martínez, denunciaban «el agravamiento de la emergencia migratoria y la falta de agentes y medios de Policía Nacional y Guardia Civil, con unas condiciones muy precarias».

Marí ha recordado que «no se puede pedir a nuestros agentes que hagan cada vez más con menos medios. Baleares necesita efectivos y medios suficientes para afrontar una realidad que ha cambiado radicalmente».

En este sentido, ha explicado que «esta iniciativa viene a reforzar la solicitud del PP de Baleares al presidente Sánchez de los informes que anunció sobre el alto riesgo de incremento de inmigración irregular en nuestras costas». «Sánchez, para evitar su responsabilidad, esgrimió alegremente informes utilizando el drama que vivimos en Baleares y nadie da explicaciones de nada; es una vergüenza», añade.

«Preocupados por la situación, ponemos los datos encima de la mesa, porque el mirar hacia otro lado, como hace el Gobierno, y beneficiar a las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo nos ha generado un incremento exponencial de inmigración irregular en nuestras costas, de 250 inmigrantes irregulares en 2018 a los 8.000 de 2025 y 2026. Una isla de 12.000 habitantes está asumiendo una presión que supera con mucho la capacidad de sus recursos y que afecta a los servicios sociales, la seguridad y la gestión ordinaria de la institución», asegura.

Por su parte, Jerez ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez «que asuma de una vez por todas sus competencias en materia de inmigración y protección de fronteras y deje de trasladar a las administraciones insulares las consecuencias de una política que corresponde al Estado».