Ex altos cargos del PSOE balear acusados de corrupción evitan la cárcel al llegar a un acuerdo con la Fiscalía

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKDIARIO Baleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 15/10/2024 13:40
  • Actualizado: 15/10/2024 13:40

Ex altos cargos del PSOE balear acusados de corrupción evitan la cárcel al llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El juicio del conocido como caso Multimedia, que ha sentado en el banquillo a 11 personas, entre ellos ex altos cargos socialistas del Govern de Francesc Antich (2007-2011) ha concluido con un acuerdo de los acusados con la Fiscalía para rebajar las penas y evitar entrar en prisión. Los acusados han admitido haber cometido algunos de los delitos de los que se les acusaba, lo que ha permitido el acuerdo.

Así lo han manifestado este martes ante la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, cuya magistrada ha acordado la suspensión de las penas privativas de libertad que han aceptado algunos de los acusados, y que en ningún caso superaban los dos años. Entre los acusados se encuentran el ex senador socialista por Mallorca Antoni Machado o el ex líder del PSIB en Calvià Francisco Cano.

Según ha explicado el fiscal, los acusados han ingresado esta mañana parte de la responsabilidad civil que se les exige para devolver lo defraudado a la Comunidad Autónoma y han expresado su compromiso de completar el pago antes del 1 de noviembre de 2025.

El juicio arrancó el pasado martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, una década después de abrirse el caso judicialmente, por unos hechos que se remontan a los años 2008-2010.

Los procesados estaban acusados principalmente de contrataciones ilegales, de varios delitos de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, malversación y falsedad en documento oficial, mercantil y público. Inicialmente el fiscal pedía penas que sumaban 156 años de cárcel y el pago de más de 814.000 euros.

Al inicio del juicio ya se supo que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía autonómica y las defensas, habían ultimado un acuerdo para zanjar este caso de corrupción con condenas menores que no implicarán el ingreso efectivo en prisión de los principales acusados a cambio de la devolución de 400.000 euros.

Entre los procesados se encontraba l ex senador socialista Antonio Manchado, quien durante esa época era consejero delegado de la Sociedad Multimedia, así como el concejal socialista de Calvià Francisco Cano, padre de la ex diputada de la misma formación Silvia Cano, o el que fuera propietario de la productora audiovisual, Miquel Oliver.

La acusación del fiscal

Según explicó el fiscal en su escrito, la Sociedad Multimedia de Baleares se constituyó como sociedad mercantil pública el 27 de enero de 2006, con capital suscrito y desembolsado íntegramente por la Comunidad como socio único. Dicha sociedad tenía personalidad jurídica propia, adscribiéndose a la Conselleria de Presidencia.

Mediante decreto de la Conselleria, se modificaron los estatutos de la empresa y se amplió el objeto de la misma. Además, con arreglo a dicho decreto fueron nombrados consejeros del Consejo de Administración de Multimedia de Baleares dos de los imputados en la causa, entre ellos Manchado.

De esta manera, desde febrero de 2008 a octubre de 2011, con el nuevo Consejo de Administración y la ampliación del objeto social, había principalmente dos líneas de actuación, dirigidas por los dos procesados previamente mencionados.

Así, durante este periodo, se concertaron una serie de contratos que, según el fiscal, iban en contra de los principios esenciales de la contratación, en la medida que no se respetaron los tres principios cardinales de la licitación. También se excluyeron eventuales competidores para la contratación o, en otras ocasiones, se beneficiaron amigos o personas cercanas al entorno de los dirigentes de Multimedia.

La mecánica para enriquecerse injustamente, consistía en sustraer a la Administración recursos materiales presentando facturas con datos falsos que después eran certificados por los funcionarios correspondientes de forma deliberada. Todo esto según el escrito de la Fiscalía.

Dichas certificaciones contenían resoluciones administrativas que permitían el pago «injusto», según el fiscal, por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la Administración o bien eran una copia de informes anteriores o habían sido obtenidos directamente de páginas de Internet, facturándose trabajos no realizados o por horas de dedicación no existentes.

En total, el Ministerio Público hacía referencia a más de una decena de contratos presuntamente ilícitos dentro de las dos áreas creadas bajo la dirección de dos de los acusados.

Fiscalía interpreta que los hechos son constitutivos de delitos continuados de prevaricación, fraude a la administración, delitos continuados de malversación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial cometido por funcionario y falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de falsedad en documento público.

Cabe recordar que la causa fue abierta en 2014 en virtud de una denuncia del Ministerio Público por presuntos delitos de malversación y fraude, entre otros, que se habrían cometido a través de la empresa dependiente de la Conselleria de Presidencia.

Para cuatro acusados, el fiscal pide 17 años de cárcel, 207.200 euros de multa e inhabilitación durante 32 años, a cada uno.

Asimismo, para tres de ellos pide 12 años de cárcel, diez años de inhabilitación absoluta, otros cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas, y 3.600 euros de multa.

Por otro lado, para otros dos procesados solicita 14 años de cárcel, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de 203.600 euros.

Además, para los dos últimos, reclama penas que suman 12 años de cárcel, para cada uno, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de 3.600 euros de multa.

Por otro lado, en concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a la Comunidad Autónoma en la cantidad total de 814.314 euros.