Desarticulada una red en Palma que usaba Airbnb y pisos turísticos para cometer estafas

La Policía Nacional desarticula en Palma una banda criminal especializada en estafas de alquiler de viviendas. La denominada Operación Zemtrun ha permitido detener a cuatro personas —tres hombres y una mujer, de origen colombiano y español— acusadas de formar parte de un entramado que utilizaba viviendas vacacionales para engañar a ciudadanos desesperados por encontrar piso en Mallorca. Los arrestados están siendo investigados por presuntos delitos de integración en grupo criminal, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y hurto.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma, destapó un método de fraude que había conseguido engañar a múltiples víctimas y provocar pérdidas económicas cercanas a los 18.000 euros. Todo comenzó a finales de diciembre de 2025, cuando varios afectados acudieron a denunciar unos hechos prácticamente idénticos: habían alquilado una vivienda aparentemente legal, habían entregado miles de euros y, poco después, el supuesto propietario desaparecía sin dejar rastro.

El sistema utilizado por los investigados estaba cuidadosamente preparado para generar confianza. Los miembros de la organización buscaban primero viviendas vacacionales anunciadas en plataformas digitales y las alquilaban durante apenas dos o tres días utilizando datos falsos. Una vez dentro de los inmuebles, eliminaban cualquier elemento que pudiera revelar que se trataba de un alquiler turístico y realizaban nuevas fotografías para publicar anuncios fraudulentos en internet.

Las viviendas parecían completamente normales. Los anuncios mostraban pisos cuidados, bien ubicados y listos para entrar a vivir, algo especialmente atractivo en una ciudad donde encontrar alquiler se ha convertido en un auténtico problema social. Los delincuentes se hacían pasar por propietarios legítimos y ofrecían visitas presenciales a los interesados, una estrategia clave para evitar sospechas.

Cuando las víctimas contactaban con el supuesto propietario, este evitaba pedir dinero por adelantado. Ese detalle hacía que todo pareciera más creíble. Posteriormente, acordaban una visita a la vivienda. El investigado argumentaba entonces que se encontraba fuera de Mallorca «por motivos de trabajo» y explicaba que sería su hija quien enseñaría el inmueble.

Las víctimas acudían al piso convencidas de que la operación era totalmente legal. Mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, recibían instrucciones para esperar a la supuesta hija del propietario o subir directamente al domicilio donde esta les esperaba. La visita se desarrollaba sin ningún incidente y el hecho de poder acceder físicamente al inmueble terminaba de convencer a los futuros inquilinos.

Tras comprobar que la vivienda existía realmente, los interesados comunicaban su intención de alquilarla. Era entonces cuando comenzaba la verdadera estafa. Los investigados exigían el pago de dos meses de fianza y un mes de alquiler por adelantado, cantidades que algunas víctimas llegaron a transferir íntegramente. En uno de los casos investigados, un perjudicado llegó a entregar 7.500 euros creyendo que acababa de asegurar el alquiler de su futura vivienda.

Para reforzar la apariencia de legalidad, la organización enviaba contratos de arrendamiento aparentemente auténticos. Los documentos estaban elaborados para transmitir transparencia y normalidad, haciendo creer a las víctimas que todo el proceso era completamente legal.

Sin embargo, cuando se aproximaba la fecha acordada para la entrega definitiva de las llaves, comenzaban los problemas. El supuesto propietario dejaba de responder llamadas y mensajes. Los afectados intentaban contactar desesperadamente, pero descubrían demasiado tarde que habían sido engañados y que el dinero había desaparecido.

Uno de los episodios más sorprendentes investigados por la Policía Nacional ocurrió cuando una víctima quiso entregar el dinero en efectivo tras realizar la visita al inmueble. En ese caso, los delincuentes llegaron incluso a facilitarle unas llaves de la vivienda turística para mantener la apariencia de legalidad. Poco después, el afectado descubrió que había sido víctima de una compleja estafa y que quienes le habían alquilado el piso no tenían ninguna relación legítima con el inmueble.

Las investigaciones policiales permitieron reconstruir el funcionamiento interno del grupo criminal y seguir el rastro económico de las operaciones fraudulentas. Tras varias líneas de investigación abiertas, los agentes lograron identificar y detener a los cuatro sospechosos como presuntos responsables de una trama que aprovechaba la grave crisis de vivienda y la desesperación de muchos ciudadanos para obtener importantes beneficios económicos.

La operación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer más víctimas relacionadas con esta organización criminal dedicada a las estafas en el alquiler de viviendas en Palma.