Baleares rechaza inscribir en las oficinas del paro a los inmigrantes ilegales sin permiso de residencia
El Ejecutivo expresa su oposición al SEPE porque considera que no hay cobertura jurídica suficiente
No se contemplan las consecuencias que tendría si la resolución de extranjería fuera desfavorable
Baleares rechaza inscribir en las oficinas del paro a los inmigrantes ilegales sin permiso de residencia ni de trabajo al asegurar el Govern que esta medida «no tiene cobertura jurídica suficiente» y reclamar un marco normativo adecuado, así como los recursos necesarios.
El Ejecutivo autonómico ha remitido una carta al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la que expresa su oposición a la propuesta de inscribirlos en los servicios públicos de empleo.
Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, el informe del SEPE no ofrece cobertura jurídica suficiente para los supuestos que plantea, ya que implica la inscripción en los servicios públicos de empleo de personas que no tienen autorización administrativa de residencia ni de trabajo. Además, el documento no contempla qué consecuencias tendría esta inscripción en caso de que la resolución de extranjería fuera desfavorable.
El Ejecutivo balear considera que la regulación de la inscripción de estos colectivos debería realizarse mediante una norma jurídica estatal, y no a través de informes o criterios interpretativos. En este sentido, advierte de que se traslada a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de dar respuesta a una problemática derivada de una competencia estatal.
El Govern subraya que cualquier decisión en este ámbito debe ir precedida de una valoración previa del impacto territorial y de una dotación económica suficiente, teniendo en cuenta la situación actual de falta de financiación para atender a este colectivo en Baleares.
La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha asegurado que el Govern defiende una política migratoria legal y ordenada, que «no descargue sobre las autonomías el peso de la inmigración irregular, también en el ámbito de las políticas de empleo».
En este sentido, ha explicado que «hay que evitar sobrecargar a los servicios de empleo y entorpecer el despliegue de la estrategia propia de inserción laboral del Plan de Empleo de Baleares, que está orientada principalmente a las personas desempleadas residentes en Baleares».
Además, ha remarcado que el Govern mantiene la voluntad de seguir trabajando conjuntamente para impulsar un desarrollo normativo que dé respuesta a esta problemática, «siempre que disponga de una asignación adecuada de recursos y garantice la seguridad jurídica del sistema».
En definitiva, Cabrer reclama una política migratoria «adaptada» a la realidad territorial de Baleares y «que evite el efecto llamada», así como la corresponsabilidad del Estado ante el actual problema de presión migratoria.
En relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno central, la consellera considera que esta manera de abordar la inmigración es «absolutamente irresponsable». «En lugar de reforzar la gestión de Extranjería para agilizar sus procesos, se da por asumida su falta de gestión y se abren los servicios públicos de las comunidades autónomas sin orden, sin control y sin ofrecer recursos», ha concluido Cabrer.
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