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DESPUÉS DEL VERANO

Baleares hará una encuesta para conocer qué opinan los residentes del turismo y cómo les afecta

El Ejecutivo anuncia, sin concretarlas, "medidas restrictivas, limitativas y valientes" sobre la actividad turística

"No hay que cambiar el modelo, sino transformarlo para crecer en valor", afirma el portavoz, Toni Costa

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Govern celebrará una macroencuesta después de la temporada turística para conocer qué opinan los residentes de Baleares del turismo y el impacto en sus vidas.

La dirección general de Economía y Estadística está preparando la licitación de esta iniciativa para que se haga después del verano y que permita recoger, por parte de la población residentes y con la máxima fiabilidad, cuál es realmente su opinión sobre la industria turística.

Lo ha anunciado el portavoz del Govern, Antoni Costa, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en compañía del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Costa también ha concretado el anuncio que hizo esta semana la presidenta del Govern, Marga Prohens, de «abrir espacios de diálogo», que tomará la forma de mesa de diálogo con la participación de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, así como representantes de la industria turística.

El objetivo es, ha apuntado el portavoz, acordar el máximo consenso a las medidas «restrictivas, limitativas, valientes y de contención», que el Ejecutivo está dispuesto a tomar para transformar el actual modelo turístico basado en el crecimiento en volumen, hacia un modelo centrado en el crecimiento en valor.

«No hay que cambiar el modelo, sino transformarlo. Si Dios quiere vamos a seguir viviendo muchos años del turismo, pero hay que transformar el modelo para crecer en valor», ha argumentado.

Antoni Costa no ha adelantado en qué piensa el Govern, que pretender «liderar» la mesa, cuando habla de medidas restrictivas y de contención («aunque se las pueden imaginar», ha dicho»), pero sí ha adelantado que no significará el fin de la promoción turística, aunque encaminada hacia nuevos enfoques de valor y calidad.

«El Govern no es ajeno a la realidad que están percibiendo los ciudadanos con situaciones recurrentes de congestión y que está generando malestar entre los residentes. Somos conscientes de que a corto, medio y largo plazo se tendrán que tomar medidas y decisiones valientes», ha recalcado.

La celebración de esta macroencuesta se suma a otras medidas anunciadas por el Ejecutivo en esta materia, como la de instalar sensores para medir las cargas en determinados enclaves.

Además, el Ejecutivo empezará a trabajar en la redacción de un dictamen sobre gestión turística sostenible económica, social y medioambiental de los territorios insulares de la Unión Europea, para llevarlo al Comité Europeo de las Regiones, y conseguir así que se eleven los debates y decisiones que se aborden en las Islas.

«La congestión turística no es una cuestión nueva ni que haya surgido de repente este año, ni mucho menos sólo en el archipiélago, pero este Govern no se pondrá de perfil», ha concluido el portavoz.

Las manifestaciones de Costa tras el Consell de Govern se han producido horas después de que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, anunciara en rueda de prensa que reducirá el techo de plazas turísticas en 18.000 plazas, el equivalente a la mitad de las que tiene la Playa de Palma, pasando de un tope de 430.000 a 412.000 plazas, una bajada del 4,2%.

Será la primera vez que Mallorca reduzca su número de plazas máximas. «Es el momento de poner límites», ha declarado Galmés, remarcando que la institución «no puede ponerse de perfil» ya que el crecimiento ha puesto «en riesgo» la convivencia entre turistas y residentes.

Según ha explicado el conseller insular, se reducirá la capacidad máxima de plazas que tiene Mallorca hasta las 412.000, que son las que actualmente están legalizadas. En concreto, 308.000 son hoteleras y 104.000, de alquiler vacacional.

«Respecto a lo legal, ni una plaza más», ha dicho Rodríguez, puntualizando que serán excepción las que están en tramitación y tienen derechos adquiridos con la administración. Calculan que son unas 1.000 plazas.