Aumentan los homicidios y los delitos relacionados con el tráfico de drogas en Baleares en 2023
Se registraron un total de 78.531 infracciones penales casi 3.000 más que hace un año
Los hurtos cayeron hasta las 23.009 denuncias en 2023 frente a las 24.460 de 2022
Aumentan los homicidios y los delitos relacionados con el tráfico de drogas en Baleares en 2023 donde la tasa de criminalidad fue de 65,6 delitos por cada 1.000 habitantes, una cifra por debajo de los valores medios registrados antes de la pandemia, según el balance anual de criminalidad del Ministerio del Interior.
Así, en 2020 y 2021 la criminalidad se redujo a tasas de 51 y 52 delitos por cada 1.000 habitantes, respectivamente, por el efecto de los confinamientos y de las restricciones de movilidad, mientras que el 2019 esta tasa se elevó hasta los 67,6 delitos por cada 1.000 habitantes.
Hay que recordar que, en general, debido a la pandemia hicieron que el número de delitos y faltas se redujera notablemente los dos años citados. Tras dos años de pandemia, en 2022, la criminalidad aumentó en Baleares un 24,5% en relación al año anterior.
En 2023 se produjeron en Baleares ocho homicidios (cinco más que en 2022), y también crecieron los delitos relacionados con el tráfico de drogas (un 24%), contra la libertad sexual (cerca de un 16%) y las sustracciones en vehículos (un 16,7%).
El balance constata que en el archipiélago se han contabilizado de enero a diciembre de 2023 un total de 78.531 infracciones penales y que la resolución ha superado los niveles del año anterior.
Este indicador se situó en 2022 en 75.942 infracciones penales, por debajo por tanto de las cifras del año pasado.
En 2023, en concreto, 240 personas fueron detenidas e investigadas por cada 1.000 infracciones penales y se han esclarecido alrededor de cuatro de cada diez casos. El volumen de las infracciones penales, en general, en las Islas ha aumentado un 3,4%, mientras que en 2022 este aumento superó el 27% respecto al año anterior.
Por tipología, los hurtos han sido el delito más común, aunque se ha reducido su incidencia, con 23.009 casos en 2023 frente a los 24.460 registrados el año anterior. Asimismo, han bajado un 8,7% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, mientras que se han contabilizado 52 sustracciones en explotaciones agrícolas o ganadería, 12 menos que en 2022.
Respecto a la criminalidad relacionada con los medios informáticos, las denuncias por estafa han crecido un 36,8%, mientras que el resto de los ciberdelitos han bajado, en conjunto, un 6,6%.
Por islas, la tasa de criminalidad acumulada de los últimos 12 meses es de 65,6 delitos o faltas por cada 1.000 habitantes en Mallorca, de 78 en Ibiza, de 46,7 en Menorca y de 58,4 en Formentera.
En Palma la tasa de criminalidad ha sido de 82,4 casos por cada 1.000 habitantes y, en conjunto, el número de infracciones se ha reducido un 0,6%.
En cuanto al resto de municipios de más de 20.000 habitantes, el número de delitos ha bajado en Calvià (un 7,8%), Sant Josep de sa Talaia (un 2,4%) y Santa Eulària des Riu (un 3,1%), mientras en Sant Antoni de Portmany el porcentaje con respecto a 2022 no ha variado.
Por otra parte, Alcudia, Ciutadella, Ibiza, Inca, Llucmajor, Maó, Manacor y Marratxí han registrado aumentos en el número de infracciones penales de entre el 5 y el 20%.
En los últimos ocho años, el índice de criminalidad en las islas ha subido prácticamente un 10%, pasando de 59 a 64 delitos por cada 1.000 habitantes, lo que supone que Baleares tiene el mayor índice de criminalidad de todo España, siendo Palma el principal exponente con un índice de casi 83 delitos por cada 1.000 habitantes, convirtiéndose así en la quinta ciudad más insegura de España, siendo las peleas, los robos con violencia y las agresiones sexuales los delitos que más están aumentado en el archipiélago.
Detrás del nivel de inseguridad que padecen las islas, además de la población turística flotante, está el hecho de que quedan vacantes cada año torno a 200 plazas de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que renuncian a su destino en Baleares, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado reiteradamente mejorar el complemento de residencia para garantizar la insularidad digna.
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