La trama del ‘chófer de los ERE’: 5 gramos al día para Guerrero y 25.000 € al mes fundidos en cocaína
Trujillo admitió que gran parte de las ayudas de la Junta acabaron en locales de copas, droga y regalos para su jefe
El chófer del socialista Guerrero ratifica que gastaron subvenciones de la Junta en fiestas y cocaína
La historia negra del PSOE andaluz de los ERE, el de la cocaína y los prostíbulos, cerró en septiembre el capítulo de la Faffe, con su ex director Fernando Villén condenado a seis años de cárcel por dilapidar más de 32.000 euros en una docena de orgías a cargo de la Junta. El segundo capítulo arrancó este lunes en la Audiencia de Sevilla, con Juan Francisco Trujillo, el ‘chófer de la coca’, como protagonista de una trama que incluye drogas, alcohol y fiestas pagadas, de nuevo, con el dinero de los andaluces.
En 2011, Trujillo tiró de la manta: «Quiero contar toda la verdad, me están puteando». Entre febrero de 2003 y octubre de 2007 había sido el chófer de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. La amistad creció y el oficio le llevó al beneficio. Pasaron de tomar una copa después del trabajo a consumir diez gramos de cocaína al día y gastar en ello 25.000 euros al mes, según declaró ante la juez Mercedes Alaya en 2012.
En uno de esos brindis tras la jornada laboral, Guerrero (condenado a prisión por el escándalo de los ERE y fallecido en 2020 víctima de un paro cardíaco) le explicó lo fácil que era lucrarse con fondos públicos. Podía otorgar subvenciones a dedo y sin justificación, así que le aconsejó crear varias empresas a las que destinar ayudas. Con el PSOE en la Junta, sería un mero trámite. El chófer explicó que le bastaron un par de folios con un plan de viabilidad de cada uno de los negocios para recibir dinero a espuertas de forma irregular.
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social desvió a Trujillo dos ayudas de 450.000 euros: una a Iniciativas Turísticas Sierra Morena, un negocio de casas rurales, y otra a Lógica Estratégica Empresarial, una firma de muebles y asesoramiento, ambas de su propiedad, y ambas ficticias. Ninguna tuvo actividad real.
El chófer pagó el favor devolviendo a su jefe entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, además de diversos regalos como «contraprestación»: invitaciones en restaurantes y locales de copas, cuadros, antigüedades, un piano de cola, 2.000 euros en ropa, un equipo de navegación para su vehículo oficial, 1.000 euros en telefonía móvil… Muchos de estos presentes se los entregaba a Guerrero en su propia casa de El Pedroso (Sevilla).
Pero «la mayor parte» de esas subvenciones se dilapidó en cocaína. Trujillo confesó que llegaron a consumir cada uno más de cinco gramos diarios, lo que suponía una ‘factura’ de 25.000 euros al mes. También se fundieron el dinero en fiestas, copas e inmuebles: con esos 900.000 euros el chófer se compró un terreno en la sierra y un piso en la calle San Luis de Sevilla.
Además, según la Fiscalía, Guerrero y Trujillo «decidieron» poco después que Isidoro Ruz Espigares presentara un proyecto de granja avícola con el objetivo de recibir una nueva subvención de 450.000 euros en favor de la empresa Ave Nueva. La ayuda, de nuevo, se concedió «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
La Fiscalía Anticorrupción reclama para Trujillo 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de más de 1,47 millones de euros. Además, pide seis años y tres meses de prisión para Espigares como administrador de una de las empresas del ex chófer y otros seis años de cárcel para Antonio Albarracín, ex directivo de la consultora Vitalia Vida.
La vista oral comenzó con lo que parecía un intento de Trujillo por forzar la suspensión del juicio, renunciando a su abogado y solicitando otro de oficio: «No confío en él. Me estoy jugando muchos años de cárcel y no me siento bien atendido». El tribunal denegó su petición al considerar que está «perfectamente representado». Ya en su comparecencia, el chófer ratificó «totalmente» lo que declaró ante la Policía y ante la juez que investigó el caso, Mercedes Alaya, es decir, que recibió ayudas de la Junta, que tenía relación con Guerrero y que parte del dinero público se dilapidó en copas y cocaína, declinando responder las preguntas del fiscal. «Sigo diciendo que soy culpable», aseveró.
Por su parte, Guerrero, en su día principal implicado en la trama de los ERE de la Consejería de Empleo, siempre negó las acusaciones que pesaban sobre él. «Ni he sido un putero ni me he dedicado a la drogodependencia», se defendió, recalcando que sus únicos vicios eran fumar Marlboro y beber Beefeater «de postre».
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