Rabat pide «respeto mutuo» entre España y Marruecos mientras estrecha el cerco sobre Ceuta y Melilla

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 12/09/2025 19:25
  • Actualizado: 12/09/2025 19:33

Marruecos ha vuelto a situar en el centro del tablero su particular visión de las relaciones con Europa. El ministro de Asuntos Exteriores, Naser Burita, ha reclamado esta semana en Rabat un «nuevo marco» euromediterráneo basado en la «igualdad», la «complementariedad» y el «respeto mutuo», unas palabras que chocan frontalmente con las políticas que aplica con España, especialmente en Ceuta y Melilla, donde aprieta con su gestión fronteriza y comercial e intimida abriendo y cerrando el grifo de la inmigración ilegal.

El último ejemplo ha sido el cierre, sin previo aviso, de la aduana comercial de Melilla este pasado julio, tan sólo seis meses después de su reapertura oficial del 15 de enero, tras casi siete años cerrada. La decisión ha bloqueado el tránsito regular de mercancías y ha asfixiado la actividad comercial local.

Pero no es un episodio aislado. Desde la pandemia, Marruecos ha mantenido una política de cierres unilaterales que ha golpeado de lleno la economía melillense. A ello se suma la negativa a restablecer el régimen de viajeros que permitía a los ciudadanos marroquíes adquirir en Ceuta y Melilla productos de uso personal para trasladarlos a Nador o Castillejos.

«Se han cargado un 60% de nuestra economía privada», denunció el pasado junio el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), que dibujaba así la situación: «No se puede pasar de Melilla a Marruecos ni un paquete de pipas. Se lo abren y se lo tiran. Sin embargo, de Marruecos se trae aquí dos camisas, unos zapatos, lo que usted quiera».

En Melilla, la combinación de aduana clausurada y veto al régimen de viajeros supone un doble bloqueo. En Ceuta, aunque nunca existió aduana reconocida, la desaparición del comercio atípico ha dejado sin ingresos a miles de familias de la vecina provincia de Tetuán. «España negocia con Marruecos de forma ridículamente sumisa», denunció a este periódico la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, hace ahora un año.

Pese a los sucesivos intentos de España por acercar posturas, Rabat mantiene la ambigüedad y refuerza su control unilateral de la frontera, sin explicaciones públicas ni avances diplomáticos.

El trasfondo, obviamente, es político. Marruecos sigue sin reconocer explícitamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. En agosto de 2023, la Embajada de Marruecos en Madrid colgó en su web un mapa en el que se adueñaba de ambas ciudades y las incluía dentro de su geografía nacional. El agravio, difundido poco después de las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos, provocó la respuesta de Ceuta y Melilla, que reivindicaron una vez más su españolidad ante una «agresión hostil» e «intolerable».

La presión fronteriza tampoco es nueva. En mayo de 2021, Marruecos relajó los controles en el paso del Tarajal, azuzó a sus compatriotas y permitió la entrada ilegal de 15.000 inmigrantes en Ceuta en apenas 48 horas, incluidos más de 1.200 menores. La entrada masiva se produjo en plena tensión diplomática con España por la acogida médica del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que ingresó en un hospital de Logroño, con identidad falsa, para recibir tratamiento por Covid.

Aquella crisis migratoria se dio por cerrada en 2022 con la carta de Pedro Sánchez reconociendo la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como «la base más seria, creíble y realista».

Esta semana, la Audiencia de Cádiz condenó por prevaricación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos (PSOE), y a la ex vicepresidenta del Gobierno de la ciudad, Mabel Deu (PP), por la repatriación a Marruecos, tres meses después de la invasión, de 55 de estos menores.

Mientras tanto, la Unión Europea prepara un Nuevo Pacto por el Mediterráneo para noviembre, con ejes centrados en capital humano, economía y migración. Bruselas insiste en que el acuerdo debe basarse en la igualdad entre ambas orillas, pero el contraste entre el discurso y los hechos es evidente y el «respeto» es de todo menos mutuo.