El PSOE andaluz sigue desfilando por los juzgados: a juicio el alcalde de Bormujos por prevaricación
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El PSOE de Andalucía sigue copando los juzgados de la comunidad. El próximo socialista en sentarse en el banquillo será el alcalde de Bormujos (Sevilla), Francisco Molina. Le acompañará su concejal de Obras Públicas, la también socialista María del Carmen Garfia, acusados ambos de un presunto delito de prevaricación.
La causa judicial, en concreto, gira en torno a un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y del arquitecto del propio Ayuntamiento.
A tal efecto, el pasado 20 de marzo de 2019, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Sevilla emitía un auto ordenando la apertura de juicio oral con relación a esta causa.
La presente es la cuarta fecha prevista para este proceso penal, que el Juzgado de lo Penal nº 8 de Sevilla tiene fijado para las 10:00 horas de este miércoles. Concretamente, este juicio estaba inicialmente previsto para el 14 de junio de 2021, siendo después aplazado al 6 de octubre de ese año, si bien en una diligencia de ordenación emitida el 23 de septiembre de 2021 el juzgado acordaba «señalar nuevamente» la sesión la fecha del 30 de noviembre de 2022.
Ello, según precisada el juzgado en dicha diligencia de ordenación, «estando pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto en fase de instrucción». No obstante, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) precisaban a Europa Press que tras aquel nuevo señalamiento, el juzgado acordó fijar otra nueva fecha, la cuarta ya, el 12 de abril de 2023 a las 10:00 horas, oséase, este miércoles.
En el citado auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Sevilla, la instancia judicial acordaba abrir juicio oral contra el alcalde de Bormujos, su concejal de Obras Públicas y quinta teniente de alcalde, además de contra Manuel Fernando Fernández Vázquez y contra Carlos Sánchez Galeote, por un presunto delito de prevaricación atribuido a cada uno de ellos en calidad de autores, salvo en el caso de Sánchez Galeote, a quien se le confiere la condición de «extraneus» en dicho delito.
En paralelo, el auto de apertura de juicio oral atribuía un presunto delito de tráfico de influencias a Manuel Fernando Fernández Vázquez, tratándose de un auto contra el que no cabía recurso.
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