Andalucía

Podemos Andalucía pide la expropiación de Iberdrola

La líder de Podemos Andalucía y diputada por Córdoba en el Congreso, Martina Velarde, ha abogado este miércoles por la expropiación de Iberdrola y la puesta «en marcha de una empresa pública».

Velarde se ha manifestado así en sus redes sociales a raíz de una noticia de elDiario.es en la que informaba de los bonus recibidos por directivos de la compañía energética española, la mayor eléctrica del Ibex 35.

«Ocho directivos de Iberdrola se embolsan 12 millones de euros como regalito extra tras los 3.600 millones de beneficios en el último año y subir el precio de la luz. Si esto no es suficiente para poner en marcha una empresa pública de energía, yo ya no sé», tuiteaba la diputada podemita.

Entre el 1 y el 4 de marzo, y según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ocho directivos de Iberdrola han recibido un total de 1.088.330 títulos de la eléctrica que, a los precios de cierre de este martes, tenían un valor de más de 11,6 millones.

Amenazas de muerte

Velarde interpuso ante la Policía Nacional una denuncia tras detectar presuntas amenazas de muerte en redes contra ella y dirigidas también al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y al cofundador de la formación morada y politólogo, Juan Carlos Monedero.

En el escrito presentado en Comisaría, Velarde explicaba que en septiembre del año pasado fue etiquetada, junto a Echenique y Monedero, en una publicación acompañada de un vídeo en la red social Instagram que le remitía a una página xenófoba.

La denuncia, consultada por Europa Press, aporta una descripción del texto de esta página en la que se exhorta a las «milicias activas circundantes» a Pablo Echenique para que se tomen la justicia por su mano bajo el derecho histórico y real que otorga la raza y el pueblo español». «Tomad un vehículo, tomad un cuchillo, tomad cualquier arma para acabar con su vida», prosigue.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid ha acordado en un auto, fechado el 11 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press, el sobreseimiento provisional de las diligencias previas practicadas tras recibir un informe de la Unidas Central de Ciberdelincuencia que describe las gestiones «infructuosas» para poder localizar e identificar a los usuarios que están detrás de estos perfiles, «al no haber razones bastantes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores» que dio lugar a la denuncia.