Detenida una pareja española por explotar a inmigrantes que repartían paquetes a pie: sanciones de 50€ si perdían el pedido

Los casos de explotación laboral siguen aflorando y el último ejemplo lo ha destapado la Policía Nacional en Granada, donde dos personas, de 31 y 29 años, han sido detenidas como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Según la investigación, empleaban a cerca de una veintena de inmigrantes en situación irregular, a quienes obligaban a repartir hasta 60 paquetes diarios. A diferencia de otros repartidores, no utilizaban motocicletas, sino que realizaban las entregas a pie, de lunes a domingo, en jornadas de hasta 14 horas durante las que podían recorrer fácilmente unos 16 kilómetros.

La investigación policial se inició a comienzos de marzo, cuando dos agentes observaron a una mujer que caminaba por un barrio de la capital empujando un carrito cargado con numerosos paquetes, aparentemente destinados al reparto. La mujer explicó a los agentes que se encontraba en situación irregular, sin documentación, y que trabajaba para un ciudadano español distribuyendo paquetería.

A partir de ese momento, los investigadores pusieron en marcha diversas pesquisas que permitieron localizar a cerca de una veintena de inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad colombiana y venezolana, que realizaban labores de reparto para una pareja. Ninguno de ellos contaba con permiso de residencia ni contrato laboral.

Precisamente la ausencia de contrato era aprovechada por los empleadores, una pareja de nacionalidad española, para someter a los trabajadores a condiciones abusivas. Percibían un pago mínimo por cada paquete entregado y, además, se les imponían sanciones de 50 euros si perdían algún envío o no cumplían con los plazos establecidos.

Toda esta actividad se desarrollaba sin cobertura de seguro y sin que los trabajadores estuvieran dados de alta en la Seguridad Social. A raíz de estos hechos, la pareja ha sido detenida e imputada por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Ambos ya han sido puestos a disposición judicial.