La comisión culpa a Chaves y Griñán de la corrupción en la Faffe y a Susana Díaz y Montero por inacción

La propuesta de dictamen de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) señala a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por las «irregularidades» en dicha entidad que, abunda, «no fueron hechos puntuales», sino «consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado».

El documento recalca la «responsabilidad política» de Chaves y Griñán en el «caos organizativo» de la fundación, que salpica también, entre otros, a la expresidenta socialista de la Junta Susana Díaz y a la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero -consejera del ramo en el Gobierno andaluz entre 2013 y 2018-, por su «manifiesta falta de colaboración» con la investigación judicial. La comisión tuvo que citar hasta tres veces a Susana Díaz para que prestara finalmente declaración.

La propuesta de dictamen concluye que la entidad pagó de forma sistemática «facturas falsas» con «ejercicio de trilerismo malversador», destacando «la opaca contabilidad de la tesorería». Todo ello para «evitar controles», «amañar contratos» y «enchufar a sus allegados».

Así se recoge en la propuesta de dictamen que el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), ha presentado este viernes en rueda de prensa en el Parlamento, y que será sometida a debate y votación el próximo lunes 4 de abril en la comisión de investigación, paso previo a que se debata en el Pleno de la Cámara.

Enrique Moreno ha denunciado que «ha habido intentos de cerrar en falso la comisión, de obstaculizar, poner zancadillas y trabas» a la misma, pero «en ningún momento ha peligrado el objetivo» de «llegar hasta el final», según ha remarcado, y ha defendido que su propuesta de dictamen «recoge muy bien la mayor parte del sentir que los grupos parlamentarios han trasladado en sus propuestas».

La propuesta de dictamen recoge «un estudio muy pormenorizado de todas las irregularidades que hemos podido estudiar, evaluar y que tuvieron lugar en el seno» de la Faffe, seguido de unas conclusiones, el señalamiento de unas «responsabilidades políticas» y unas recomendaciones.

Responsabilidades políticas

En concreto, las «responsabilidades políticas» que plantea la propuesta de dictamen, consultada por Europa Press, señalan en primer lugar al ex director general de la Faffe y ex secretario general de Empleo del PSOE en Andalucía, Fernando Villén Rueda, «principal autor de las irregularidades» en la fundación, y, en segundo lugar, «a todas las personas que formaron parte del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción, todos ellos cargos políticos» y «algunos de ellos ya condenados por su gestión en otras responsabilidades de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

La propuesta de dictamen nombra explícitamente en ese apartado a los exconsejeros de Empleo que fueron presidentes del Patronato de la Faffe José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.

En tercer lugar, el documento atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque «ha quedado patente el caos organizativo» en el que ambos «sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos».

De igual modo, la propuesta de dictamen señala responsabilidades políticas en «todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos».

En último lugar, la propuesta de dictamen atribuye «una responsabilidad política de distinta naturaleza, por no haber participado de manera directa ni haber formado parte de los gobiernos socialistas que ejecutaron la gravísima irregularidad acaecida en el seno de la Faffe», a la expresidenta de la Junta Susana Díaz y a los exconsejeros de sus gobiernos María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, «porque el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración» con la misma.

Fechas para la votación en Pleno

El presidente de la comisión ha explicado que, si se aprueba el lunes en comisión la propuesta de dictamen, los grupos parlamentarios disponen de 15 días naturales para registrar, si lo consideran oportuno, votos particulares, que se debatirían junto a la propuesta de dictamen en el Pleno, algo que calcula que se produzca «o a finales de este mes o a principios del mes que viene», ha apuntado.

Al respecto de que un posible adelanto electoral interrumpiera ese calendario, Enrique Moreno ha dicho que no cree que vaya a haber una convocatoria de elecciones andaluzas «de manera inmediata», y al respecto ha destacado que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, «ha dicho en muchas ocasiones que no hay motivo en este momento para un adelanto electoral», y ha defendido que «hay estabilidad», así como «un gobierno fuerte, sólido, que está abordando muy bien todas las dificultades que se van planteando a nivel económico y social».