Sánchez pide un ‘tiempo muerto’ a Bruselas tras romperle Ayuso el calendario

La apabullante victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha cogido a Pedro Sánchez con el pie cambiado: era consciente de que Ayuso ganaría, pero no imaginaba que lo hiciera arrasando y, sobre todo, aniquilando al PSOE, superado incluso por Más Madrid. El presidente del Gobierno observa el calendario y busca el momento más propicio para convocar elecciones, pero no lo encuentra. Hacerlo el próximo otoño sería un suicidio, con la derecha en claro ascenso y la izquierda en franco retroceso. Hacerlo un poco más tarde tiene el problema de la que la UE intensificaría sus presiones para acometer un gran ajuste: o de gasto -con fuertes recortes- o de ingresos -con fuertes subidas de impuestos-. ¿Solución? Pedir a la UE un año de gracia: ganar tiempo para sortear el efecto Ayuso, vender el rebote técnico actual como el fin de la crisis y, ya sí, convocar las elecciones generales.

Dado que España cerrará este año con prácticamente 100.000 millones de déficit -un 8,4%-, será muy difícil mantener el nivel de gasto público español sin recortes o sin subidas de impuestos. Bruselas se lo ha trasladado ya al Gobierno y eso implica adoptar medidas dolorosas para los españoles, que castigarían en las urnas al Gobierno. La Moncloa busca el mejor momento para convocar unas nuevas elecciones generales, pero la victoria de Ayuso les ha dejado sin margen de maniobra. El deseo de Pedro Sánchez es que la UE acepte una demora de un año en las reformas. Que le conceda un año de gracia para acometer las subidas de impuestos comprometidas y los recortes inevitables que habrán de llegar. Ese año le permitiría vender una falsa imagen de recuperación: el rebote del 5,1% de  la economía en 2021 podría utilizarlo para trasladar la falsa idea de que España aborda el futuro con los vientos a favor.

Lo cierto es que Ayuso ha triturado la hoja de ruta de Sánchez, que trata desesperadamente que Bruselas le ayude a ganar tiempo. No por el bien de España, sino por sus particulares intereses políticos