Una de las preocupaciones durante este año de pandemia ha sido el repunte en la okupación de viviendas. Las restricciones en la movilidad, provocadas por el estado de alarma, ha dejado miles de inmuebles desatendidos, convirtiéndose así en el blanco perfecto de los okupas. Según los últimos datos del ministerio del Interior, durante el primer semestre de 2020, la Policía Nacional recibió 7.450 denuncias por este tipo de delito. Una cifra que se traduce en 40 denuncias por día en tan sólo seis meses.
El auge de este movimiento se ve amparado por el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que en diciembre aprobó una modificación en la ley antidesahucios que prohíbe expulsar a los ‘okupas’ de una vivienda cuando la entrada en esta se haya producido «sin intimidación o violencia». La imposibilidad de echar a un inquilino ilegal y los dilatados procesos judiciales lleva a muchas familias a contratar los servicios de empresas especializadas en desalojar okupas.
El auge de la okupación en La Antorcha: una guía para no perderse entre tanta operación de marketing.