Las víctimas de trata y las prostitutas en extrema vulnerabilidad percibirán el ingreso mínimo vital

El plan contra la violencia de género ante la crisis del coronavirus también incluye medidas para proteger a las víctimas de la trata y la explotación sexual. Así, se incluye la posibilidad de que las víctimas y las mujeres en contexto de prostitución con extrema vulnerabilidad puedan ser beneficiarias del ingreso mínimo vital.

Entre las medidas dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y mujeres muy vulnerables en contexto de prostitución, Igualdad dice que se contempla durante el estado de alarma reforzar la difusión de los teléfonos de información, la alternativa habitacional en situaciones de emergencia, así como la posibilidad de acceder al ingreso mínimo vital.

El Gobierno pretende que con ese ingreso se garantice «las condiciones mínimas de subsistencia», siempre que cumplan los criterios acordados, a estas mujeres, muchas de ellas extranjeras en situación administrativa irregular, que en general viven en contextos de aislamiento social y sin apenas redes de apoyo, circunstancias que no les permiten estar familiarizadas con sus derechos y con los recursos del entorno.

Desde la declaración del estado de alarma, las entidades y ONG especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial han tenido que paralizar en la mayoría de los casos su actividad asistencial y ambulatoria, exponiendo a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos, argumenta el Ejecutivo.

Para garantizar el derecho a la información de estas víctimas, se acuerda incidir en la difusión de los teléfonos de atención 24 horas de las entidades especializadas, el teléfono gratuito de la Policía Nacional específica de trata 900105090, así como los correos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Asimismo, de cara a la detección e identificación de la víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, durante la inspección y cierre de hostales, hoteles y clubes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reforzarán la coordinación con las entidades, organizaciones y servicios especializados para asegurar la asistencia y protección a las víctimas.