Sociedad

Los miembros de la ‘Manada de Azuqueca’ residían de forma ilegal en España

La mayoría de los seis acusados de violar salvajemente a una niña de 12 años en Azuqueca de Henares residían de forma ilegal en España, varios de ellos eran “menas” (menores extranjeros no acompañados) aunque uno estaba entonces tutelado por la Junta.

Fue una violación brutal protagonizada por cuatro menores, sólo uno de ellos entonces tutelado por la Junta de Castilla la Mancha, y dos adultos todos magrebíes y residentes de forma ilegal en España. Son la llamada “manada de Azuqueca”. Los menores han sido condenados a tres años de internamiento en centro cerrado condenados por agresión sexual y los mayores esperan el fin de la instrucción para enfrentarse a un juicio en el que les pedirán más de diez años de cárcel.

Según la investigación respaldada por la instrucción judicial, el 15 de marzo de 2018, los seis implicados con edades comprendidas entre los 15 y 20 años de edad, agarraron “en volandas” a la víctima de 12 años y una amiga suya en un parque de Azuqueca de Henares. Víctimas y agresores se conocían. Las introdujeron en una antigua residencia de mayores abandonada y tras una breve conversación dejaron en libertad a una de las niñas de origen magrebí.

La otra fue salvajemente violada durante 45 minutos por el grupo de agresores. Los equipos de policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara sólo tardaron unas horas en detener a los menores y unos días en arrestar al resto de “salvajes” como les denominan fuentes del caso. El arresto de los mayores se demoró unos días más al tratarse de magrebíes residentes de forma ilegal en España que vivían en lugares marginales de la zona.

Uno de los mayores se encuentra desde entonces en prisión provisional a la espera de juicio, mientras el otro permanece en libertad con cargos, lo mismo que uno de los entonces menores. Respecto al mayor de edad, los investigadores y hasta el momento también la instrucción judicial, insisten en su participación en los hechos pero el posicionamiento de su móvil le da cierta coartada situándolo en otro lugar en el momento de la agresión. Ese es el motivo que le ha permitido eludir la cárcel hasta el momento del juicio. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha confirman que ambos están obligados a cumplir con las medidas cautelares que les impuso el juzgado como la prohibición de comunicación y orden de alejamiento respecto a la menor.

No ocultaron el caso

La detención de los autores de la salvaje agresión no se publicitó en su día. Tampoco se ocultó. Simplemente la Ley de protección del menor obligaba a los guardias y a la administración de justicia a proteger por todos los medios la identidad de la víctima. Se trataba de evitar la estigmatización de la niña y salvarla de una doble victimización. Un procedimiento que se sigue en muchos de los casos de agresiones a menores.

En este caso la administración de Justicia no está obligada a informar de los hechos. La Guardia Civil no dio nota de prensa del éxito de la resolución del caso por el mismo motivo. Intentaban proteger la identidad de la menor en una localidad pequeña donde podría ser fácilmente reconocida. La familia de la víctima tampoco quiso dar cuentas del caso por la misma razón.

Ahora, una vez condenados los menores la fase de instrucción del caso contra los mayores está prácticamente finalizada y en breve se dictara auto de procesamiento para sentar en el banquillo a los presuntos culpables.