La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: tu vecino puede invadir elementos comunes del garaje al instalar un punto de recarga
Una normativa que permite instalar puntos de recarga en los garajes comunitarios, cumpliendo con unas condiciones específicas
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Las dudas entre propietarios y comunidades de vecinos se retroalimentan al no conocer lo que podría ocurrir si se instalaran cargadores para coches eléctricos en los garajes comunitarios sin solicitar permiso al resto de propietarios de su colocación.
La respuesta a lo anterior se encuentra en la Ley de Propiedad Horizontal, que recoge esta posibilidad entre sus líneas y establece las condiciones para realizar dicha instalación.
¿Puede un vecino instalar un cargador eléctrico sin permiso?
El artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal detalla que la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en una plaza individual de garaje comunitario sólo requeriría de una comunicación previa a la comunidad de propietarios, siempre que la instalación cumpla con los requisitos legales y técnicos necesarios.
Al mismo tiempo, el coste de la instalación y del consumo eléctrico debe asumirlo íntegramente el propietario interesado en colocar este punto de recarga para su vehículo.
La instalación del punto de recarga
La instalación del punto de recarga puede requerir del uso de determinados elementos comunes para llevar el suministro eléctrico hasta la plaza de aparcamiento. Por ejemplo, los cables o las canalizaciones.
Además, los trabajos deben respetar la seguridad del edificio, la normativa técnica y los derechos del resto de vecinos e incluso, no pueden provocar daños injustificados ni impedir el uso habitual de las instalaciones comunitarias.
El papel de la comunidad de propietarios
Los vecinos no pueden realizar una votación para autorizar una instalación que cumpla el artículo 17.5; pueden reclamar que se respeten las condiciones legales. Por lo tanto, la Ley de Propiedad Horizontal facilita la movilidad eléctrica, pero también protege los intereses de los propietarios que conforman una comunidad de vecinos.
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