España cierra 2018 con al menos 22 niños muertos por causas violentas

Al menos 22 menores han muerto durante este año 2018 por causas violentas en España, según los últimos datos recogidos por la ONG de infancia Save The Children, a los que ha tenido acceso Europa Press. Cinco de ellos eran recién nacidos; ocho tenían entre 1 y 6 años; tres, entre 8 y 9 años; y seis, entre 12 y 17 años.

La mayoría de ellos fueron asesinados por su padre o su madre, y también hubo tres casos de suicidio. En el caso de los recién nacidos, tres fueron arrojados a un vertedero o contenedor, uno murió a manos de su madre y el otro falleció cuando su madre se arrojó con él por la ventana.

Todos los casos han sido publicados en los medios a lo largo del año y algunos han tenido una gran repercusión como el del niño Gabriel que fue asesinado en Níjar (Almería) el pasado mes de febrero por la pareja de su padre; o el de las dos niñas de La Orotava asesinadas por su padre el pasado mes de julio. Asimismo, aparece recogido el reciente caso de la joven de 17 años acuchillada en Alcorcón, presuntamente por la novia de su expareja.

Además, tres de los 22 menores figuran en las estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género como víctimas de la violencia machista contra sus madres. Se trata de las dos víctimas de tres y seis años asesinadas en Castellón por su padre; y de un niño de nueve, asesinado por su padre en Almería en abril. De acuerdo a estos datos oficiales, desde el año 2013 un total de 27 menores han sido asesinados por violencia machista.

Por su parte, ‘feminicidio.net’ tiene registrados el asesinato de 10 menores de 16 años por violencia machista en 2018 (ocho niñas y dos varones). En esta decena, están incluidos los tres menores que constan entre las cifras oficiales. Esta base de datos tiene registrado el asesinato de un total de 83 menores de 16 años por violencia machista desde el año 2010 hasta la actualidad.

Se denuncia «muy poco»

El director de Save The Children España, Andrés Conde, ha precisado en declaraciones a Europa Press que es «difícil» valorar si ha aumentado la violencia contra los niños en España con respecto al año anterior porque uno de los principales problemas es que no existen métricas oficiales y porque los casos que se denuncian son «muy pocos» -38.000 denuncias a la Policía en 2017 por delitos contra la infancia-.

Además, Conde ha precisado que la mayoría ocurren en el ámbito de intrafamiliar. «El maltrato en el entorno familiar es muy frecuente. De los 22 niños asesinados por causas violentas más de la mitad fueron asesinados por sus padres», ha puntualizado. En concreto, de las denuncias, 4.875 fueron por malos tratos en el ámbito familiar.

Asimismo, ha añadido que es «muy preocupante» la «prevalencia de abusos y agresiones sexuales» en España (4.211 denuncias por este tipo de delitos contra menores en 2017). «Nuestro país tiene un dato vergonzoso: que en uno de cada dos delitos por abusos, la víctima es un menor de edad y esto es algo atípico en los países europeos», ha alertado.

En este contexto, Conde ha expresado su «indignación» porque «no hay una respuesta política», aunque al mismo tiempo se ha mostrado «esperanzado» por la Ley frente a la Violencia contra la Infancia que irá al Consejo de Ministros de este 28 de diciembre.

La ley colocaría a España a la cabeza de Europa

«Es un paquete de medidas de prevención de la violencia, de formación de los colectivos que están más cerca de los niños y niñas, de modificación de los procesos judiciales en delitos de violencia contra niños y niñas, que va a suponer, si es aprobado, el marco de protección de la infancia más importante en la Unión Europea, y situaría a España a la cabeza de Europa en materia de protección de los niños y las niñas contra la violencia», ha subrayado el director de Save The Children.

En todo caso, también ha manifestado su «temor» por la posibilidad de que las fuerzas políticas «no tengan altura de miras como para apoyar este proyecto y consensuarlo» y que las «luchas» entre partidos lleven el texto a una «vía muerta».

«No puede ser que un esfuerzo tan grande –llevan cinco años trabajando en la ley–, que supondría un avance tan importante, se pierda por falta de consenso político pero llega en un momento de gran rivalidad», ha reconocido.

La semana pasada, Conde mantuvo sendas reuniones con la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la impresión que se llevó fue una «predisposición favorable» aunque «dependiendo del texto» que presente el Ejecutivo. Conde ha invitado a todos los líderes a que piensen «como padres» para aprobar este proyecto

Al director de Save The Children le consta que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere dar un trámite de urgencia a la Ley para que pueda estar aprobada entre marzo y abril. Esta vía podría «descarrilar» si se presentaran enmiendas difíciles que retrasaran la tramitación hasta las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo. «Si entramos en periodo electoral, no va a ser posible. Tenemos una ventana de oportunidad entre febrero y abril», ha recordado.

Aumentará la edad de prescripción del delito

Entre las medidas que recogerá la ley, Conde ha afirmado que se aumentará la edad de prescripción del delito de abusos sexuales a menores, aunque ha precisado que desconoce hasta qué edad se incrementará. Ellos piden que estos delitos no prescriban hasta que la víctima cumpla al menos 50 años. «Aumentar la edad es fundamental para evitar que personas que reconocen su culpabilidad queden absueltas y continúen siendo agresores sexuales», ha añadido.

La ley también «corrige», según ha explicado Conde, la «revictimización» que causan actualmente los procedimientos judiciales que tiene que atravesar el menor después de denunciar, teniendo que declarar hasta cuatro veces e incluso en presencia del agresor. «Hay veces que las familias sacan a los niños de esos procesos porque les somete a una tortura continuada», ha apostillado.

En concreto, ha destacado que la ley propone la prueba preconstituida, es decir, que el niño pueda dar testimonio de lo que le ha ocurrido una sola vez, frente a profesionales que se expresen en un lenguaje comprensible para el menor y en un entorno cómodo. Ese testimonio se grabará y se utilizará a lo largo del procedimiento judicial «evitando la revictimización».

También ha enumerado otras medidas que incluye la norma como: la obligación de los colegios a establecer protocolos frente a la violencia contra la infancia; la formación del profesorado y de los profesionales sanitarios para la detección; o el deber del ciudadano de denunciar episodios de violencia.