Tras el concierto de Muface, ¿qué pasa con los militares y los guardias civiles?

Después de que el Gobierno haya anunciado la renovación del concierto de Muface, la mutualidad que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios, asociaciones de militares y guardias civiles se preguntan ahora, preocupadas, qué ocurrirá con su acceso al sistema de salud.

El Consejo de Ministros autorizó el martes la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida de la prima del 17,12%, mejorando la propuesta inicial del 14%. Sin embargo, esta cuantía anunciada no es suficiente para las aseguradoras que plantean un 24%. En principio, se espera que las negociaciones estén marcadas por la tensión durante las próximas semanas.

Por el momento, la negociación está en manos del Ministro de Función Pública y como ha recordado la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, «como es una negociación discreta», ella «no sabe nada», en alusión directa a la ministra, Mónica García. «Creemos que el Ministerio de Sanidad debe de implicarse directamente porque son 1,5 millones de personas que engrosarían la lista del Sistema Nacional Público», ha alegado la titular de Sanidad madrileña.

Instituto Social de las Fuerzas Armadas

El mismo día, el Ejecutivo aprobó al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) la celebración del concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios del mismo, es decir, las fuerzas armadas, donde se incluye la Guardia Civil, que opten por recibirla a través de entidades del seguro para el mismo periodo.

Al contrario que en el caso de Muface, el Gobierno no ha informado de las cuantías que pretende trasladar a las aseguradoras que prestan el servicio de Isfas, lo que deja a las fuerzas armadas en una situación de «incertidumbre» y «preocupación».

Y es que aunque las negociaciones de Muface e Isfas sean independientes, lo que se decida en el seno de la primera puede tener su réplica en el devenir de la segunda. No en vano, son 559.887 personas las beneficiarias de Isfas, según la memoria anual de actividad de este servicio.

Así lo traslada Mari Carmen Espejo, consejera de la Central Sindical de Funcionarios (CSIF) en Muface, que explica que la mutualidad de los funcionarios civiles, al ser la más numerosa, «es la que va de avanzadilla» con respecto a las otras.

Asociaciones de militares

A este respecto, Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), advierte de que de no llegar a un acuerdo con las mutualidades, el Gobierno abocaría a más de un millón de personas adscritas al Isfas a acudir a la Seguridad Social, que no sería capaz de «absorber» esa demanda, lo que generaría «más listas de espera».

En ello coincide Iván Alcántara, secretario de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que reconoce la «preocupación» en el seno de la organización de la posibilidad de que quienes ahora acuden al sistema de aseguradoras tuvieran que hacerlo a partir de ahora en el sistema público de salud, al encontrarse este «saturado».

Guardia Civil

En la misma línea, Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil, la asociación mayoritaria del instituto armado, señala que de no resolverse la situación, «miles de guardias civiles se verán obligados a recurrir a la sanidad pública», lo que derivaría, de nuevo, en «la saturación de un sistema ya de por sí sobrecargado».

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pone el foco, por su parte, en la «desigualdad» en el trato que, a su juicio, reciben los mutualistas de Isfas respecto al de Muface, ya que en su caso no se conocen «ni los fondos ni si el presupuesto será equivalente al de Muface», que sí ha sido detallado.

Policía Nacional

Al contrario de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, la Policía Nacional sí se rige por la mutualidad de Muface -casi 120.000 beneficiarios- en el acceso a la prestación sanitaria. Sin embargo, la “preocupación” es la misma.

Lo pone de manifiesto el sindicato Jupol, que señala que la falta de acuerdo entre el Gobierno de España y las aseguradoras prestatarias podría suponer «la eliminación de las mutuas de funcionarios», y con ello, la «merma» en la calidad asistencial de los agentes y de toda la sociedad, ya que el sistema público de salud «no podría asumir» la demanda de atención.

Ésta es la prima ofertada

La subida autorizada por el Gobierno situará la prima media anual por asegurado en 1.208,81 en 2026, lo que supone un aumento de 176,69 euros respecto a los 1.032,12 euros actuales.

En la mutualidad de los funcionarios civiles del Estado (Muface) el 65 % son docentes de primaria, secundaria y universitarios, y un 17 % pertenece a cuerpos de la Administración General del Estado, según informa el Gobierno, que todavía no ha publicado las bases para el concierto de las mutuas de la administración de Justicia (Mugeju) y la de las Fuerzas Armadas (Isfas).

Con el alza aprobada este martes para el concierto de Muface, la cuantía total de la contratación sube en 304 millones, hasta un total de 2.681 millones de euros (1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026).

Insuficiente para las aseguradoras

Para la Fundación IDIS estas cifras son «absolutamente insuficientes» para soportar la asistencia por parte de las compañías aseguradoras, mientras que el sindicato de funcionarios CSIF teme que la infrafinanciación del sistema afecte a la calidad de la asistencia sanitaria.

Solo en el año 2023 la asistencia a mutualistas de Muface generó 142 millones de pérdidas, un dato que se viene acumulando durante años y que se agrava cuando el crecimiento del gasto sanitario roza el 10 %.

La infrafinanciación y la alta siniestralidad del colectivo han llevado a este modelo a una situación de «alto riesgo de viabilidad», advierte la Fundación IDIS, que sostiene que de no renovarse el concierto por falta de acuerdo con las aseguradoras se incrementaría un 2 % el total nacional de visitas en la atención primaria pública y crecería un 266 % el número de pacientes en listas de espera para consultas externas y un 115 % para cirugías.

Asimismo, calcula que serían necesarias 3.975 camas adicionales en el sistema hospitalario público, al tiempo que el gasto sanitario aumentaría en 1.214 millones anuales, un 1,3 %.