Ya no es que la Fiscalía «dependa» del Gobierno, sino que Sánchez piensa que es suya

Después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García, elevara a la ex fiscal general y ministra de Justicia Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera al nombrarla de forma arbitraria y caprichosa fiscal de la Sala Togada del Tribunal Supremo en contra de la opinión del órgano consultivo del Ministerio Público, ahora pretende volver a torcer la ley y colocarla al frente de la Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos a 44 días de las elecciones generales. La maniobra es tan burda que, de consumarse, terminará seguro en el Tribunal Supremo, que ya ha admitido la demanda   interpuesta contra su primer ascenso. Y es que lo que pretende hacer el fiscal general -o sea, el mandado Pedro Sánchez- es un abuso intolerable, toda vez que, como entonces, hay candidatos con mejor trayectoria profesional. El intento de Sánchez de dejar colocada a Delgado es todo un ataque a la normativa vigente, que obliga a tener cuenta en los nombramientos la calidad profesional e idoneidad de los aspirantes en virtud a sus méritos profesionales. Si Delgado ya fue elevada a la más alta categoría de la carrera fiscal no por méritos, sino por su evidente afinidad a Pedro Sánchez, lo que se pretende ahora es, además de indecente, nuevamente ilegal.

Los tres fiscales que compiten con la ex ministra de Justicia por el puesto de fiscal de Sala de Memoria Democrática tienen más méritos objetivos que Dolores Delgado, de modo que si finalmente el fiscal general decide aplicar el dedazo su nombramiento será recurrido ante el Supremo. Estaríamos ante un caso inédito: que el Tribunal revocara en primera instancia el primer nombramiento de Delgado -su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal- y revocara después el segundo nombramiento. Sería el retrato más cabal del nepotismo y abuso de una Fiscalía que, como bien dijo Pedro Sánchez, se ha convertido en una marioneta en manos del presidente del Gobierno.