Ya hasta el PNV mueve pieza: elecciones en otoño

El caso político-judicial que ha estallado en la persona del ex presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero representa definitivamente la puntilla para el sanchismo. De hecho, pretender aguantar un año más sin convocar elecciones, búnkerizado en la Moncloa, careciendo de mayoría parlamentaria en el Congreso —además del Senado—, por tanto sin capacidad de legislar, abusando del Real Decreto Ley, sin aprobar ni un solo presupuesto en toda la legislatura, y rodeado por tierra, mar y aire de casos de presunta corrupción, es algo no solo ética y moralmente inaceptable en una democracia parlamentaria digna de tal nombre, sino que es algo absolutamente imposible.

Hasta ahora, sus socios en el gobierno de la coalición «plurinacional y progresista» Sumar, que carece de liderazgo alguno, y sus aliados parlamentarios Bildu, ERC, Junts y PNV parecían no estar dispuestos a dejar caer a Sánchez, que para todos ellos es el mejor presidente que podían tener, para defender sus intereses, instalado en el gobierno. Ello, obviamente teniendo presente que todas esas formaciones se caracterizan por representar con diversa intensidad el común denominador de la denominada «antiEspaña». Y conociendo además que la alternativa política al sanchismo la conforman el PP y Vox, situados en sus antípodas ideológicas, se aferran con fuerza a Sánchez.

Eso ha sido así desde hace 8 años, y con apenas 85 diputados en el grupo parlamentario socialista, lo auparon a la Moncloa por medio de la única moción de censura aprobada hasta la fecha. Pero la corrupción política que rodea al sanchismo convierte a sus socios y aliados en cooperadores necesarios de la misma, lo que no es precisamente un buen aval de cara a las próximas elecciones municipales, y por supuesto para las generales. Llegar a esos comicios con el cartel colgado del cuello, de ser los permanentes e ininterrumpidos aliados del sanchismo, no es la mejor tarjeta de presentación ante los electores.

Puigdemont ya lo tiene asumido ante la evidente amenaza que representa para su formación política, la Aliança Catalana de la alcaldesa de Ripoll Silvia Orriols, que está causando estragos entre su electorado. En gran medida sucesor del electorado de CiU, no caracterizado por ser partidario del actual progresismo social comunista sanchista.

Por su parte, Bildu y ERC sintonizan mejor con esas políticas, sobre todo por las singulares concesiones que reciben como pago sus votos. A unos, blanqueando el pasado de ETA y excarcelando a quienes cumplen penas de prisión por sus múltiples atentados, sin haber expresado arrepentimiento alguno por sus crímenes. Y a los otros, por haber sido indultados y amnistiados, además de ser la formación independentista catalana opuesta a la «conservadora» de Puigdemont y Orriols. Y teniendo en su hoja de servicios de manera destacada su apoyo al que hasta ahora fue el único Frente Popular gobernante en España en toda su historia.

Quedaba, pues, por analizar el PNV con sus 5 diputados en el Congreso, como único cooperador necesario del sanchismo, que hasta ahora parecía incondicional suyo. No se olvide de que precisamente fue el PNV quien decidió el éxito de la censura en 2018, cuando además acababa de pactar con el gobierno de Mariano Rajoy los Presupuestos para ese ejercicio. Y que esos presupuestos serían los de Sánchez una vez instalado en la Moncloa. Un Sánchez que, antes de ese pacto con el PNV, había expresado como crítica a Mariano Rajoy que «un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina: es decir, un objeto inútil».

Pues bien, ahora el PNV con Aitor Esteban se desmarca de su íntimo socio con quien gobierna en el País Vasco el lehendakari Pradales y no pocos alcaldes en numerosos ayuntamientos y en las Diputaciones Forales. Parece claro que un papel similar, aunque no tan intenso de momento, al que significa la Aliança para Junts, lo representa Bildu para ellos. Y necesita marcar perfil propio, alejándose de Sánchez, al que ha servido como un indiscutible cooperador político de sus actos. La conclusión de este escenario es que, en efecto, le guste o no al inquilino de la Moncloa, va a tener que convocar elecciones anticipadas en unos meses a sus deseos. Y a no más tardar para el otoño, con moción de censura pactada o sin ella.