Uno de los mayores escándalos de la democracia

El caso Fondos Reservados está alcanzando niveles insostenibles y va camino de convertirse en uno de los escándalos más oscuros de nuestra democracia. La operación criminal de 2013 destinada a recuperar documentos sensibles que afectaban a las altas esferas del PP en poder de Luis Bárcenas habría sido aprobada por el propio Mariano Rajoy o por su entorno más cercano, según sostiene un agente involucrado en aquella misión: “Nos dijeron que la orden de recuperar los papeles de Bárcenas había partido de Mariano Rajoy”, señala el testigo en declaraciones recogidas por OKDIARIO, «nos aseguraron que la orden había llegado directamente desde La Moncloa». De confirmarse este testimonio, nos encontramos ante hechos de la máxima gravedad.

Tras ser despedido del PP, Bárcenas amenazó con airear una serie de documentos que afectaban a la supuesta caja B del PP y a sobresueldos que habían recibido en negro varios miembros de la cúpula popular. El entorno más próximo a Rajoy, preocupado hasta la obsesión por las amenazas de su antiguo compañero de partido, habría dado la orden a Interior de poner en danza un dispositivo policial con una única misión: recuperar todo el material y comprometedor en manos de Bárcenas. Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez e Ignacio Cosidó ocupaban los puestos de máxima responsabilidad en el Ministerio del Interior, desde el que se armó un engranaje criminal que sobornó con 48.000 euros al chófer del ex dirigente del PP, Sergio Ríos, para que hiciera de topo y se contrató a un delincuente habitual para que secuestrara a Rosalía Iglesias y Guillermo Bárcenas.

Desgraciadamente, no es la primera vez que un Ejecutivo incurre en un delito de malversación de caudales públicos para financiar la ejecución de un secuestro. Aún resuena en la mente de los españoles el secuestro en 1983 de Segundo Marey, un agente comercial de Francia que nada tenía que ver con ETA, pero al que un comando de los GAL confundió con un dirigente etarra teniéndolo retenido alrededor de diez días contra su voluntad. El felipismo de los años 80 sentó un precedente que pensábamos que jamás se volvería a repetir, pero, al parecer, los gobiernos de España son de los que torpemente tropiezan con el mismo error dos veces.