Un tufo intervencionista que apesta

Bien está regular el trabajo a distancia o teletrabajo, una realidad que se ha impuesto como consecuencia de la pandemia. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que fija esta actividad laboral. Nada que objetar en cuanto a las líneas maestras de la norma, que básicamente se resumen en que el teletrabajo se considerará de carácter regular si alcanza el 30% de la jornada de trabajo y que su desarrollo deberá ser sufragado o compensado por la empresa. Asimismo, empresa y trabajador deberán ponerse de acuerdo: ni el trabajador voluntariamente podrá decidir teletrabajar, ni la empresa podrá obligar al trabajador a hacerlo. Lo que sorprende son algunos aspectos que han pasado desapercibidos, pero que tienen importancia. Entre ellos llama poderosamente la atención la prohibición expresa de que las empresas se comuniquen con sus teletrabajadores fuera del horario laboral

Parece evidente que el respeto al horario laboral es una cuestión básica en las relaciones entre empresas y trabajadores, pero llevar la situación al extremo de que la comunicación entre ambos fuera de ese horario sea perseguida por el Gobierno es un exceso que denota el tufo intervencionista que caracteriza al Ejecutivo socialcomunista. No había ninguna necesidad de imponer por la fuerza de la ley una medida como esa. Sobre todo, porque revela una injusta desconfianza hacia las empresas que no se corresponde con la realidad.

Perseguir cualquier cauce de diálogo entre una empresa y el trabajador, una vez concluida la jornada laboral, responde al viejo cliché socialcomunista que considera al empresario una suerte de explotador en potencia. El Gobierno tal vez crea que las relaciones laborales se guían aún por el viejo esquema patrón-obrero, pero las cosas han cambiado. Al Gobierno socialcomunista se le ve el pelo de la dehesa intervencionista que exhiben algunos de sus miembros. Sancionar a las empresas por comunicarse con sus empleados fuera del horario es matar moscas a cañonazos.