La vida es una tómbola; y el actual gasto público, una locura

Hoy, como todos los viernes, ha vuelto la alegría de los sorteos especiales
de la Moncloa, con varios premios gordos que salen del bombo del
Consejo de Ministros y que, sorteando los conductos de la ley, ven la luz
en forma de real decreto-ley.

Millones de euros para repartir entre los afortunados de la lotería
gubernamental – que no estatal, que ésta es la otra, la seria, la de las
apuestas y lotería del Estado -, que siempre son miles de potenciales
votantes, que se han visto agraciados con el generoso reparto del dinero
de este feliz sorteo primaveral en el que hay, semana a semana, algo
seguro: siempre toca, a cargo, evidentemente, e nuestras trasquiladas
cuentas públicas cuyo estado de emergencia, al paso que vamos, hará que
tengan que ingresar en la UVI para recibir los cuidados de alguna troika
médica ante la gravedad del asunto… Y, al margen de ello, ¡alguien tendrá
que pagar esa fabulosa tómbola!

La vida es una tómbola, lo sabemos, pero el cariz que está tomando el
gasto público en España, durante los últimos meses y estas semanas, es
simplemente de locura. Desde el actual Gobierno, que uno entiende que
está en funciones desde el punto de vista operativo, se anuncian
promesas a tutiplén como eliminar en un plazo de cinco años el déficit de
la Seguridad Social, que solo se puede conseguir aumentando
bárbaramente las cotizaciones de empresas y trabajadores o, cosa más
improbable después de tanta promesa taumaturga, recortando pensiones
y prestaciones; actualizar las pensiones según el IPC real, con lo cual esa
revisión se asentaría como un gasto estructural que de año en año iría
aumentando aún más el coste cada vez más alto de las pensiones;
asegurar un ingreso vital mínimo, a modo de renta universal básica, para
erradicar la pobreza infantil y ya en el plano laboral elaborar un nuevo
Estatuto de los Trabajadores y derogar algunos aspectos, se dice que los
más lesivos, de la reforma laboral. ¡Y muchos más premios en la lotería de
la Moncloa! Guarderías, dentistas y matrículas universitarias, ¡todo gratis!
Un dibujo feliz para un mundo irreal más propio de Alicia en el país de las
maravillas que no de esta España que decae en el concierto económico…

Si todo eso, junto a las decisiones que ya se han tomado sin
encomendarse al sanctasanctórum de los templos de las finanzas públicas
ni a los dioses de la sensatez económica, tira adelante, Papá Estado tendrá
que incrementar su presión fiscal, hoy en el 34,5% sobre el PIB, al 41,4% que es la presión de la zona euro. De ser así, considerando el actual PIB de
España que en 2018 ascendió a 1.206.878 millones de euros, la
recaudación por impuestos y cotizaciones sociales se situaría en torno a
los 500.000 millones de euros. En 2019, en principio, la previsión de
ingresos por impuestos y cotizaciones sociales es de 452.000 millones de
euros.

En consecuencia, el aumento de la presión fiscal más o menos inminente
si prosperan las briosas medidas del actual Gobierno y de sus socios, será
de unos 50.000 millones de euros. ¡Varapalo al sector privado, encarnado
por empresas y trabajadores, con especial mención a aquellos que
obtienen rentas más elevadas, así como entrada en vigor sin remilgos de
la Tasa Google y de la Tasa Tobin! A ello, súmense más figuras tributarias y
otros ardides “ad hoc” para forzar mayores recaudaciones que impliquen
una succión del dinero en manos de nuestras empresas y ciudadanos que
se extrae para reconducirlo a las cañerías, con agujeros, del sector público
y sufragar así las simpáticas rifas semanales de sello social y veleidades
electoralistas.

Todo ello, a la postre, deriva en una doble ruina: la del sector privado
español y, a la corta también, la del sector público, emborrachado por ese
siempre resacoso elixir del gasto público en abundancia que causa
estragos. Nuestras cuentas públicas no lo podrán soportar, volveremos a
reingresar en el protocolo de déficit excesivo bajo la atenta vigilancia de
Bruselas y, también, del Fondo Monetario Internacional, con el auxilio del
Banco Central Europea, y la troika acabará enviando a sus hombres de
negro a esta España para embridar sus desmanes financieros. Déficit
público descarriado, deuda pública prominente encarando cotas
auténticamente peligrosas. Como consuelo de todo ello, el Gobierno habla
de pacto para revitalizar la industria española haciendo que su peso en el
PIB sea del 20%. ¡Cómo se nota que quienes están al frente de las
responsabilidades gubernamentales no tienen ni la más remota idea de
nuestra realidad económica! Ni éstos ni los anteriores. Porque nos
vendieron la moto de que España en 2020 tendría un sector industrial que
aportaría el 20% del PIB. Difícil está ese reto si nos percatamos que en
2018, la industria manufacturera española representa el 12,66% del PIB,
cuando en 2017 supuso el 12,84%, en 2016 el 12,87%, en 2015 el 12,89% y
en el año 2008, cuando estalló la crisis financiera, el 13,32%. Año tras año,
la industria en España va retrocediendo. ¡Qué no nos expliquen cuentos
chinos!