Sigue el golpe de Estado

Carles Puigdemont prefiere la violencia y el chantaje antisistema de la CUP a la mano tendida del Gobierno, el golpe de Estado a la paz social. Tras alcanzar un acuerdo con los radicales para tratar de celebrar un referéndum independentista, persevera en una senda que llevaría a Cataluña a la más absoluta de las ruinas. El presidente de la Generalitat insiste en su deriva a pesar de los procesos abiertos por el Tribunal Constitucional y por el Supremo contra Carme Forcadell y Francesc Homs respectivamente. Ni siquiera el hecho de que necesiten 7.392 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica en 2017 parece disuadirlo. Y eso que el propio Oriol Junqueras ha reconocido que Cataluña dependerá del resto de España, al menos, hasta 2026. Resulta paradójico que una comunidad autónoma secuestrada por los secesionistas sea tan dependiente. Del mismo modo que llama la atención la obcecación de los falsos padres de la patria catalana incluso cuando el CIS catalán señala que el ‘no’ a la independencia superaría al ‘sí’ por 1,5 puntos.

Todo ello es la prueba de que este desvarío es la amalgama de una serie de intereses personales y no el sentir mayoritario y generalizado del pueblo catalán. Lamentablemente, toda esta locura está enraizándose de manera peligrosa en algunos sectores de la sociedad. En las últimas semanas, hemos comprobado cómo los miembros de la CUP ha intentado batasunizar Cataluña. Agresiones a trabajadores, Constituciones quemadas, fotos del Rey destrozadas… son algunas de las pruebas de que poco a poco tratan de imponer su sinrazón aunque sea mediante la violencia. Un remedo de lo que ya hicieran los abertzales en el País Vasco. Por si fuera poco, el adoctrinamiento se acrecienta también en los medios de comunicación públicos. Si la TV3 ya era de por sí el altavoz de los golpistas, estas Navidades ha dado un paso más al prohibir el discurso del monarca por primera vez en su historia. Pasos y más pasos hacia el filo del precipicio que cada día acercan más la posibilidad de aplicar el artículo 155 de nuestra Carta Magna.