Si el PSOE ‘indulta’ al número 3 de Podemos estaría encubriendo a un posible delincuente
Si el PSOE se pliega al chantaje de Podemos y se opone al suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados para investigar al número tres de la formación morada, Alberto Rodríguez, por patear presuntamente a un policía, estaría encubriendo a un posible delincuente. Así de claro. Lo que pretende Pablo Iglesias -que el Congreso blinde a su diputado de la acción de la justicia- es una ignominia propia del personaje, pero si Pedro Sánchez se pliega y accede, el PSOE estaría cometiendo la mayor tropelía: otorgar un inadmisible trato de favor, rayano en lo delictivo, a un diputado. Y ya puestos: imaginemos que el Supremo decide investigar al secretario general de Podemos por el «caso Dina-Iglesias». ¿También el PSOE impediría que el Supremo siguiera adelante? Cuidado, porque si Sánchez «indulta» a Alberto Rodríguez estaríamos ante un escándalo sin precedentes que podría culminar con el «indulto» -si se diera el caso- de su vicepresidente segundo. Si todo eso ocurriera, la democracia en España sería un mero trampantojo, un mero efecto óptico, porque en el fondo el socialcomunismo habría firmado el acta de defunción del Estado de Derecho.
Unidas Podemos y PSOE, los dos partidos del Gobierno de coalición, se encuentran «discutiendo» este asunto, lo que ya de por sí nos coloca ante el peor de los escenarios. ¿Qué tienen que discutir? Nada. Simplemente el PSOE tiene que votar a favor del suplicatorio y permitir que el número 3 de Podemos sea investigado hasta las últimas consecuencias. Sería un escándalo que Sánchez denegara la petición del Tribunal Supremo.
Tras ser calificado por la Mesa este lunes, el suplicatorio ha pasado el primer trámite en el Congreso y ha sido remitido a la Comisión del Estatuto del Diputado, donde será sometido a votación antes de pasar al Pleno de la Cámara que también tendrá que pronunciarse al respecto. A partir de ahora, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene cinco días para trasladar el expediente a dicha Comisión, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta. El magistrado del Supremo Antonio del Moral fue clarísimo: «Se ha llegado a un momento en que la constancia de indicios cualificados, ya consignados, hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización prevista en el referido precepto constitucional, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de esta Sala Segunda para que le confiera el trámite correspondiente». O sea, el Supremo pide al Congreso que le levante la inmunidad a un diputado de Podemos para poderle investigar y el PSOE negocia con la formación morada cómo actuar. Pues es muy sencillo: aceptando el suplicatorio del Alto Tribunal. Lo demás sería encubrir a un posible delincuente.
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