Lo que va a hacer Sánchez es legalizar un golpe de Estado

Para saltarse los informes del CGPJ y del Consejo de Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido derogar el delito de sedición a través de la fórmula de la proposición de ley, mucho más rápida en su tramitación. Se trata de contentar en el plazo más breve posible a los golpistas catalanes, la última de las concesiones antes de que Sánchez afronte la recta final de la legislatura. Estamos ante un ignominioso derribo de los diques de contención del marco constitucional ante el desafío separatista, razón por la que el CGPJ -aunque el Gobierno no haya recabado su opinión respecto a la derogación del delito de sedición- celebrará el jueves una reunión en la que expresará los riesgos que representa esta medida para el Estado de Derecho. El CGPJ considera que derogar el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados supone prescindir de un instrumento clave para la defensa del Estado frente a los golpistas. De hecho, el órgano de los jueces cree que a partir de la derogación de esta figura penal sólo será punible el golpe militar, por lo que que considera peligroso el desarme del Estado llevado a cabo por Pedro Sánchez.

Esta idea del CGPJ es clave, porque ante una subversión del orden constitucional la respuesta penal del Estado se verá sensiblemente limitada, lo que, sin duda, servirá de acicate para que el separatismo catalán vuelva a las andadas. La advertencia del Consejo General del Poder Judicial es de una gravedad superlativa, porque lo que viene a subrayar es que Pedro Sánchez, para garantizarse el apoyo de los golpistas y poder continuar en La Moncloa, va a debilitar aún más al Estado. Eso, en castellano, tiene un nombre: traición. La felonía del personaje ha alcanzado niveles insoportables. Es capaz de dejar sin defensas el marco constitucional para permanecer unos meses más en el poder. Todo un golpe al Estado para servir a quienes pretenden derribar el Estado.