Relevo en la Fiscalía: el problema no está en el quién, sino en el de quién depende

El problema no está en el quién, sino en el de quién depende, de modo que las quinielas sobre el sucesor del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no dejan de ser un interesante ejercicio de adivinación. Porque el problema del Ministerio Público es que depende del Gobierno y con este presidente del Gobierno es sencillamente imposible que nadie pueda pilotar con una mínima autonomía un cargo que lleva implícito la obediencia debida a Pedro Sánchez.

De modo que la sustituta de García Ortiz pueda ser la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del condenado por revelación de secretos, o la fiscal jefe de la sección Penal de la Fiscalía del Supremo, Teresa Paramato. Son dos de los nombres que cuentan con más posibilidades, pero  da igual. Con Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado -lo dijo él mismo- tiene que ser alguien capaz de cumplir las órdenes de Moncloa sin rechistar. Y para eso hay que ser como Álvaro García Ortiz, capaz de saltarse la ley si Pedro Sánchez se lo manda.

En las actuales circunstancias, con el Ministerio Público en niveles de reputación bajo mínimos -no por culpa, obviamente, de la gran mayoría de fiscales, que han sido víctimas de su hasta ahora jefe- lo que demanda una institución como la Fiscalía General del Estado es una catarsis, una refundación en toda regla. Lo ideal sería que gozara de plena autonomía y que el nombre de su máximo responsable no lo designara el Gobierno de turno, pero como eso es hoy por hoy imposible, lo deseable es que la institución recobrara el prestigio perdido por la vía de prestigiarse a sí misma, algo que se consigue rompiendo esa correa de transmisión que la vincula de manera obscena al Ejecutivo. Con Sánchez eso no puede ser, porque el presidente es un autócrata de libro. De modo que quien venga a sustituir a García Ortiz, seguirá siendo el fiscal general del Gobierno.