¿De quién depende la Abogacía del Estado? Del Gobierno, pues eso

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, la Abogacía del Estado pasó a ser la Abogacía del Gobierno. Sólo hay que recordar el papel que este órgano de antaño reconocido prestigio desempeñó durante el juicio del ‘procés’, al servicio de los intereses políticos del Ejecutivo. El marchamo de solvencia de la Abogacía del Estado labrado durante décadas quedó laminado nada más llegar Sánchez al poder. Si el presidente ya dejó claro que la Fiscalía del Estado está a sus órdenes -«¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso.»-, la Abogacía del Estado, cuya autonomía del poder político es mucho menor, ha caído también bajo las garras del Ejecutivo.

OKDIARIO informa hoy que esta institución ha tergiversado de manera flagrante la Orden Ministerial que crea el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI y que determina los criterios para que estas puedan recibir el rescate. En dicha orden ministerial se asegura que las ayudas no pueden ser inferiores a 25 millones y se establece como condición que el «cese forzoso de su actividad» tenga un «elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional, pues eso es lo que determina su carácter estratégico.

Pus bien, la Abogacía del Gobierno, antaño Abogacía del Estado, se inventa que el carácter estratégico para recibir el rescate no es cuantitativo, sino cualitativo, toda una trampa semántica para auxiliar al Ejecutivo de Sánchez ante el escándalo que supone haber rescatado con el dinero de los españoles  a una empresa vinculada al chavismo que no cumplía con ninguna de las condiciones fijadas.

Y es que, además del importe mínimo citado de 25 millones, la imposibilidad de aplicar el fondo de rescate a pymes y autónomos es lo que llevó al Gobierno a crear una línea de ayudas específicas para este colectivo en marzo de este año. Sin embargo, la Abogacía de Pedro Sánchez reinterpreta de manera torticera la Orden Ministerial y asegura que la ayuda a Plus Ultra no puede ser declarada contraria a la norma. Pues si no lo es, ¿por qué se ha excluido de las ayudas a miles de medianas y pequeñas empresas? Esto huele a prevaricación que apesta.