¡Qué vergüenza dan los defensores de etarras!

¡Qué vergüenza! España es un país extraordinario, con una historia, una cultura y sobre todo, unas gentes de las que todos debemos sentirnos muy orgullosos. Pero en todas las casas cuecen habas  y, como dice Sancho Panza: “En la mía, calderadas”. Los españoles de bien sentimos de nuevo vergüenza cuando vimos el sábado la manifestación que cada año reclama el fin de la dispersión de los presos de ETA. Esa marcha de la ignominia va siempre encabezada por lo peor de cada casa, personajes deleznables a los que en cualquier país civilizado se les cerrarían todas las puertas a partir del momento en que dan la cara a favor de unos asesinos sanguinarios. Pero también en esto Spain is different y aquí un acto tan repulsivo como éste no sólo no se traduce en la muerte civil de quien lo perpetra, sino que son capaces de rentabilizarlo y hacer del deshonor una lucrativa forma de vida.

A esos etarras que exigen acercar al País Vasco les llamaron “presos políticos”, cuando entre ellos se encuentra Santiago Arróspide Sarasola (Santi Potros), condenado por ordenar el atentado de Hipercor, que se saldó con 21 muertos y 45 heridos, por el atentado de la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que murieron 12 guardias civiles y por varios asesinatos más. También están en la lista Francisco Mujika Garmendia (Pakito) y Joseba Arregi Erostarbe (Fitipaldi), condenados por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, donde asesinaron a 11 personas, entre ellas 5 niñas, e hirieron a 88, la mayoría civiles. Y Henri Parot, a quien se le han acreditado 82 asesinatos por los que ha recibido 26 condenas. Y así hasta completar una lista de 234 nombres a cual más hijo de Satanás a los que hay que ser muy malnacido para llamar “presos políticos”.

Antes de que en 1989 los políticos socialistas Enrique Múgica —entonces ministro de Justicia— y Antoni Asunción —director general de Instituciones Penitenciarias en aquella fecha—, comenzaran a aplicar la política penitenciaria de dispersión de presos de ETA, estos se agrupaban sobre todo en las cárceles de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcalá-Meco (Madrid), donde la banda dictaba sus normas. ETA gobernaba esas cárceles sometiendo a todo el colectivo de presos e impidiendo que ninguno se acogiera a beneficios penitenciarios. Desde fuera el ‘frente de makos’ —abogados y mediadores— mantenían el control de ETA sobre sus presos. Lo que pudo hacerse gracias a la dispersión fue aplicarles el régimen general: se eliminaron privilegios y se les mezcló con el resto de reclusos haciendo más difícil su control por parte de ETA. Tanto nuestro Tribunal Constitucional como el  Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo han avalado esta dispersión, rechazando las demandas y recursos presentados por etarras.

Mientras ETA siga existiendo es impensable el reagrupamiento en cárceles del País Vasco y Navarra porque la prioridad de nuestra política penitenciaria es la reinserción de los presos, ya que así lo recoge nuestra Constitución. El reagrupamiento ha sido utilizado por ETA para controlar a sus presos luchando así contra dicha reinserción. Una vez que ETA se haya disuelto, los etarras que quieran acogerse al beneficio penitenciario de acercarse al País Vasco deberán, uno a uno, demostrar su arrepentimiento, colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los crímenes que aún quedan por resolver y pedir perdón a sus víctimas. Hasta que eso ocurra, los españoles decentes deberíamos hacer que se le cayera la cara de vergüenza a quienes se manifiestan en favor de estos inhumanos asesinos y les llaman “presos políticos”. ¡Qué vergüenza!