Page da en el clavo: Sánchez necesita seguir aforado

«Las cosas que más le preocupan a Sánchez ni siquiera están hoy en los periódicos. Queda mucho por saberse y requiere de que esté gobernando». La respuesta de Emiliano García Page a Carlos Herrera da dos claves fundamentales para la que se avecina.

La primera, que el líder socialista sabe de la trama corrupta más cosas de las que los españoles conocemos hoy, por mucho que insista en que él es el primer sorprendido de que el PSOE sea víctima de un par de desalmados. Resulta imposible de creer que la red de mordidas esté limitada a las dos personas que Sánchez, libre y voluntariamente, eligió para reconquistar la Secretaría General y después para dirigir el partido, para controlar sus cuentas y poner y quitar candidatos. Dos de dos es un acierto del cien por cien.

La segunda clave plantea escenarios inquietantes. Cuando la investigación de los periodistas, la Guardia Civil y los jueces avance y saque a la luz lo que, según Page, a Sánchez verdaderamente le preocupa, éste necesitará seguir gobernando. O lo que es lo mismo: precisará del blindaje del aforamiento. Ese privilegio medieval que la izquierda progresista y reformista lleva prometiendo eliminar desde hace años para regenerar la democracia, pero al que se abraza con fuerza en cuanto se ve en apuros judiciales.

Con Ábalos y Santos Cerdán a un paso de la cárcel, con cientos de horas de audios aún por salir a la luz (hay ministros que guardan en un pendrive sus conversaciones grabadas con el presidente, afirma Page), con la lupa de Anticorrupción en la posible financiación ilegal del PSOE, con su mujer y su hermano procesados y con el fiscal general del Estado camino del banquillo, Sánchez no está a salvo de acabar, antes o después, ante un juez del Tribunal Supremo.

Ésta y no otra es la razón que explica su estrategia de resistencia, más grotesca que numantina. Sánchez no puede dejar La Moncloa antes de conocer si su horizonte penal está despejado. Tras el maquillaje, el prieta las filas y su chulería, Sánchez no está defendiendo de la ultraderecha al «único Gobierno progresista que queda en Europa», como dijo en ayunas tras la maratoniana reunión de Ferraz. Se está protegiendo de un suplicatorio.

Si tal cosa llegara a suceder, que el Supremo pida al Congreso permiso para investigar al presidente del Gobierno por alguno de los delitos que asedian a su entorno familiar y político más estrecho, Sánchez colocará a España ante una crisis constitucional inédita. Y muy peligrosa.

¿Concedería un Congreso con mayoría sanchista el permiso al Supremo para investigar a un jefe de Gobierno que se declara víctima de «una operación de demolición moral por procedimientos que conllevan más peligro para la democracia que aquello que pretenden combatir»? La incógnita asusta.