No son 5.000, sino cuatro veces más

A estas alturas, cualquier observador mínimamente objetivo que recorra las calles y barrios de Ceuta llegará a una conclusión: la cifra de 5.000 inmigrantes ilegales, 1.200 menores de edad, que, según el Ejecutivo, continúan en la ciudad autónoma después de la invasión masiva del pasado 30 de julio, es falsa. Según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, la cifra supera con creces las 15.000 personas, más cerca de las 20.000, cuatro veces más que las estimaciones de un Ejecutivo que no ha tenido intención alguna de realizar hasta ahora un recuento más o menos cabal por miedo a que la realidad desmonte su relato. La situación se aclararía bastante si el Gobierno procediera a un recuento, siempre aproximado, de los inmigrantes en función de criterios objetivos que son perfectamente realizables, pero que el Ejecutivo no establece porque prefiere rebajar interesadamente las cifras para de ese modo tratar de aminorar la magnitud de la crisis. Es un ejercicio inútil, pero es tal la exhibición de impericia y negligencia del Gobierno que ya sólo le queda el recurso de manipular groseramente la realidad.

A esos 15.000 inmigrantes ilegales que, contando por lo bajo, permanecen en Ceuta, hay que sumar los menores de edad y los inmigrantes que ya se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y otros centros. Según Pedro Sánchez, «en los próximos días» la ciudad tendrá «capacidad suficiente» para alojar a 6.000 inmigrantes ilegales, por lo que será el momento de demostrar que el Ejecutivo ha mentido. Quedarán sin alojar, cuando eso ocurra, todavía más del doble de esas 6.000 personas, una bomba de relojería social en una ciudad que amenaza con convertirse en un gigantesco y sobresaturado CETI.

La Policía Nacional ha informado de que el pasado fin de semana hubo otras seis agresiones sexuales a jóvenes marroquíes, dos de ellas con penetración. Dos de las agresiones sexuales fueron denunciadas ante la Policía Nacional y otras cuatro ante la Guardia Civil, y una de las violaciones, según ha podido saber este periódico, fue con penetración anal a una joven. Es la otra realidad que el Gobierno pretende ocultar. Duele decirlo, pero en Ceuta hay peligro cierto de un estallido social.