No hay posibilidad legal ni fáctica de llevar a cabo su plan

La primicia que publica hoy OKDIARIO informando que La Moncloa, es decir, Pedro Sánchez, estudia la unión fiscal de Navarra y el Pais Vasco, como paso previo a un referéndum para consumar la integración de ambas Comunidades, si se confirma, o es que el presidente cesante no tiene escrúpulos a la hora de violar la Constitución, es un iluminado o un ignorante, o todo a la vez, con tal de satisfacer su ambición de permanecer en el poder a cualquier precio. Porque no hay ninguna posibilidad legal ni fáctica de llevar a cabo un plan tan descabellado. Tendría para ello que vulnerar la Constitución, el Amejoramiento del Fuero navarro y el Convenio Económico, que no se olvide es una norma bilateral que no puede modificarse más que previo acuerdo entre el Estado y Navarra, y ello dentro del pleno respeto a la autonomía tributará de Navarra amparada por la Carta Magna y el Amejoramiento, que también es fruto de un pacto incorporado al ordenamiento jurídico por una Ley Orgánica de las Cortes Generales.

Por otra parte, solo el Parlamento navarro y nadie más tiene la potestad de convocar por mayoría absoluta un hipotético referéndum para decidir si Navarra quiere o no ser Euskadi. Si la ciudadanía navarra dijera “sí” comenzaría un largo proceso para acordar las condiciones de la integración, que después de ser aprobadas por las Cortes por mayoría absoluta, habrían de someterse a un segundo referéndum del pueblo navarro. Así lo exige la Constitución en la disposición transitoria cuarta, que por cierto no fue fruto de ninguna imposición del PNV sino un gran éxito de la UCD. Los seis parlamentarios centristas de los nueve que representamos a Navarra en las Cortes constituyentes (Jesús Aizpún, Ignacio Astrain, Pedro Pegenaute, José Gabriel Sarasa, José Luis Monge y yo) resistimos la enorme presión política del PNV, del PSOE y de la extrema izquierda y las amenazas de ETA (que intentó perpetrar un atentado contra mí en vísperas de la Navidad de 1977) y conseguimos rechazar, con el respaldo del presidente Adolfo Suárez, la pretensión de incluir a Navarra en el Consejo General Vasco como si formara parte indiscutible de Euskadi. Fuimos nosotros los que exigimos que solo el pueblo navarro, y nadie más, podía decidir su integración en la CA vasca si así lo ratificaba el pueblo navarro en referéndum. Y así se plasmó en la disposición transitoria 4ª de la Constitución.

Si hubiera posibilidad de reformar la CE habría que suprimirla siempre que se ratificara como principio general que para cambiar el estatus de Navarra el único legitimado sería el pueblo navarro, reforzando las garantías que contiene la transitoria como podría ser la exigencia de mayoría de tres quintos en el Parlamento y mayoría del censo electoral en un hipotético referéndum.

Eso figura en los principios de refundación del PPN en 2007 y en los Congresos del PP. Sin olvidar que el pueblo navarro refrendó la CE en 1978 con el voto favorable de la mayoría absoluta del censo electoral.
En suma, es evidente que Sánchez no podría llevar a cabo el descabellado plan que un grupo de sabios de Moncloa está estudiando, sin perpetrar un auténtico atentado contra la Constitución.

Sin contar con que es ridículo pensar que mediante un contrafuero tan descomunal se allanaría el camino para un referéndum de integración en Euskadi. Todo lo contrario. Otra cosa es que Sánchez esté maniobrando en la oscuridad con Urkullu para intensificar la estrategia que Arzallus anunció al inicio del contencioso Navarros-Euskadi en agosto de 1977: “Llevaremos la guerra política a Navarra hasta doblegar su voluntad”.