Mira que lo dijimos: tocar el patrimonio sería mano de santo

Recordarán que al conseller de Empresa y Ocupación, Jordi Baiget, un par de meses antes del golpe político de septiembre y del referéndum de octubre de 2017, le preguntaron en una entrevista si estaría dispuesto a ir a la cárcel por el proceso soberanista que estaba en marcha.  Y respondió con cruda sinceridad que lo soportaría mucho mejor que si le tocaban el bolsillo: “¿Ir a prisión? Yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio; pensamos en la familia… Nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias…”. Esto cayó como una bomba en su propio partido y en el resto del mundo político secesionista.  La diputada Mireia Boya, desde las filas de la CUP, se explayó en Twitter pidiendo al conseller que dimitiera pues “aquel que piense que el 1-O será un 9-N y tenga miedos patrimoniales debería apartarse. Sin más excusas ni dilaciones. Responsablemente.” Puigdemont acabó sustituyéndolo por Santi Vila, que no tardó mucho en ver venir “el marrón”.

Es cierto que el poco miedo aparente que esta acertada predicción causó en las filas separatistas nos llevó erróneamente a pensar que el delirio secesionista, la “ensoñación” de Marchena, era tan poderoso que ni el posible embargo patrimonial les detendría. Pero no era eso lo que estaba sucediendo. La locura siguió adelante porque 1) la máquina estaba en marcha y a todo gas y 2) había un espíritu de cuerpo y se es más atrevido cuando parece que somos mogollón y los demás pocos y cobardes. Fue por esa razón que subestimaron la otra maquinaria que también se pondría en marcha: la del Estado. Una que les iba a pasar por encima.

Pero estamos en la ‘post ensoñación’. El Dragon Khan del procés ha perdido fuelle, el personal ha visto que los actos tienen consecuencias y cada vez hay menos gente dispuesta a jugársela. Quienes tomen ahora decisiones contrarias a la Ley ya no serán “héroes” sino muy probablemente “primos”. Y esto lo están viendo clarísimamente los funcionarios de los distintos organismos de la Generalitat. Dan un poquito de pena porque son como esos gladiadores a la fuerza a los que se les empuja a la arena a hacerse el Espartaco ante una gradería semivacía que no será testigo de su gloria sino de su ridículo.

 Viendo las fianzas millonarias que impone el Tribunal de Cuentas a los 34 ex dirigentes independentistas por el gasto exterior del procés, tienen claro que la cosa no está para bromas. Hasta el punto de que se rumorea que se ha generado una «ola de pánico» y que no piensan más que en protegerse. Que se escogiera al Institut Català de Finances (ICF) para avalar a los ex dirigentes investigados por el Tribunal de Cuentas fue un honor que provocó una estampida. Dimitieron allí tres consejeros independientes, pero otros funcionarios e interventores no lo tendrían tan sencillo y muchos de ellos han optado por blindarse. Miran con lupa cualquier cosa que antes se veía como una nadería, desde autorizaciones de conferencias a aprobaciones de viajes. El caso de la ex interventora general de la Generalitat Mireia Vidal, a quien se le pide más de 3 millones de euros en concepto de fianza, ha sentado un precedente inolvidable. Los que son cargos políticos están más dispuestos a afrontar peligros porque el partido puede responder por ellos. Pero, así y todo, se lleva la prudencia esta temporada.

Hay estudiosos que dicen que la invención del castigo normativo abrió la puerta de la civilización. Sólo que en este país se olvidan esos 10.000 años de Historia y de ejemplos cuando conviene políticamente.