José Luis, deja que Raúl muera en su casa

La situación de Amalia y Raúl, un matrimonio —él, enfermo de cáncer terminal— al que el Ayuntamiento de Madrid pretende desahuciar de su piso de protección oficial en Vallecas por falta de pago, refleja con toda su crudeza la ausencia de humanidad y la rigidez de las administraciones públicas, convertidas a menudo en máquinas burocráticas desprovistas de la más mínima sensibilidad. Porque, con independencia de que al Ayuntamiento de Madrid pueda asistirle la razón jurídica, hay casos en los que, por una elemental cuestión de piel y empatía, el rigor administrativo no puede llevarse al extremo de provocar más sufrimiento. Insistimos en que no puede orillarse la ley, pero sí adaptar su cumplimiento al padecimiento probado de esta pareja que sólo reclama —no es mucho pedir— que Raúl pueda pasar sus últimos días en su casa, rodeado de los suyos. Estamos tristemente acostumbrados a que la burocracia imponga su peso abrumador sobre cualquier circunstancia, pero en casos como este cabe esperar del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, un gesto, sólo un gesto.

Los abogados del matrimonio han conseguido paralizar durante un tiempo el desahucio, pero más allá de eso, Amalia y Raúl necesitan, sobre todo, el necesario sosiego que les permita afrontar la situación sin la permanente amenaza administrativa que se cierne sobre sus vidas. No pedimos más que eso: que el Ayuntamiento madrileño les garantice un tiempo de paz, libre de angustias. La razón jurídica no puede imponerse sin matices sobre las razones de humanidad, porque es perfectamente posible hacerlas compatibles. Basta, simplemente, con ponerse en la piel de la pareja y adaptar la máquina administrativa a su extrema situación. No es ningún trato de favor, sino la respuesta más humana, la que necesitan Amalia y Raúl para hacer más llevadera su desgracia. Ya habrá tiempo para que la ley se imponga, pero ahora es el momento de paralizar los trámites burocráticos y dejar que el matrimonio encuentre un poco de consuelo.