Illa y el misterio de las mascarillas perdidas: ¿se borraron las pruebas del delito?

La empresa FCS Select fue designada por el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa como suministradora preferente de material sanitario durante la pandemia de 2020, adjudicándole cuatro contratos por importe de 217 millones de euros. Sorprendente decisión, dado que esta compañía no tenía relación alguna con el ramo sanitario, como destaca el Tribunal de Cuentas en un duro informe del pasado mes de diciembre. La calidad del material, especialmente las mascarillas, fue «bastante irregular», un eufemismo empleado por el órgano fiscalizador si tenemos en cuenta que un 10% de los tapabocas no cumplía los estándares de calidad. O sea, que eran inservibles.

Alguna partida defectuosa fue repuesta, pero al menos 25 millones de los 50 millones de mascarillas desechadas y que «no alcanzaban el nivel exigible de eficacia de filtración bacteriana» fueron dadas por buenas por el ministerio de Illa, sin reclamar su sustitución o la devolución de su importe. Jamás elevó protesta alguna y literalmente se las tragó (nos las tragamos todos porque fueron pagadas con dinero público). La realidad es que 25 millones de mascarillas fueron literalmente abandonadas en almacenes. O sea, que el departamento de Illa perdió su rastro sin que en ningún momento mostrara voluntad alguna de cuantificar el fraude, cifrado en torno a los 10 millones de euros. Es más: siete millones de mascarillas fueron destruidas. Cualquiera diría que la consigna fue esconder las pruebas del delito, porque a día de hoy no hay constancia de su existencia. Es más, Salvador Illa certificó la calidad del material recibido, lo que permitió a la empresa obtener un aval del Ministerio de Sanidad para seguir haciendo negocio.

La gran cuestión de fondo es saber por qué Sanidad perdonó a FCS Select 10 millones de euros. O dicho de otro modo: ¿Por qué Illa optó por destinar 10 millones de euros a fondo perdido sin presentar reclamación para que repusieran el material inservible o, al menos, devolvieran parte del pago recibido?  Y ya puestos: ¿A qué ocultos intereses sirvió el ex ministro y hoy candidato socialista a la Generalitat de Cataluña? A los intereses generales está claro que no.