El ilegal referendo por la república de la izquierda radical en Cádiz

Una comisión integrada por varias formaciones políticas de izquierda -entre ellas Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, Podemos y otros grupos radicales minoritarios- ha decidido por su cuenta que Cádiz va a abanderar un referendo en el que se sacarán las urnas a la calle para que los gaditanos se pronuncien a favor o en contra de la Monarquía o la república. O sea, que ya que el Congreso de los Diputados no se decide a celebrar esa consulta, a la que se oponen frontalmente los partidos mayoritarios, los promotores de la votación han optado por convocar a la ciudadanía para que decidan cuál debe ser el modelo de Estado en España. Ellos saben que la votación no reúne ninguna garantía ni respaldo legal para esa consulta, de obligado carácter constitucional, y que los resultados no van a ser en algún caso vinculantes. Pero sus partidarios, por su cuenta y riesgo, han decidido que tienen «derecho a decidir» y, aunque no exista carácter vinculante para los resultados, servirá para «crear conciencia» porque lo democrático es pronunciarse.

El apelar al «derecho a decidir» es de forma evidente remitirse y copiar la consulta ilegal que llevaron a cabo los independentistas catalanes, una acción que llevó a los cabecillas de la iniciativa a ser juzgados y condenados por el Tribunal Supremo a varios años de prisión, aunque luego fueron indultados. Pero no parece que eso frene la decisión de los integrantes de la comisión promotora del referendo a realizar la consulta en toda la provincia gaditana. Cuando faltan horas para colocar las mesas con las urnas a las que podrá acercarse cualquiera, sin que los convocantes tengan un censo oficial de habitantes, no hay respuesta por parte de las autoridades competentes de la provincia o de las distintas ciudades en las que se van a poner las mesas de votación que advierta de la ilegalidad de la convocatoria y de la falta de garantía de los resultados que se obtengan.

Como coartada de los grupos que promueven la consulta, dos de los cuales forman parte de la coalición actual del gobierno español, aluden a que nunca se ha celebrado una consulta directa a los ciudadanos para elegir el modelo de Estado. Una afirmación que no se corresponde con la realidad, ya que al elaborar la Constitución los partidos que la redactaron suscribieron un pacto para aceptar la monarquía que aún está vigente, salvo para fuerzas como el PCE o IU que se desvincularon de ese compromiso de forma unilateral.

Lo que hay que esperar es que los partidos constitucionalistas se pronuncien a tiempo en contra de la consulta y que no minimicen su importancia o trascendencia. Y aconsejar a la ciudadanía que no vayan a votar ni a favor o en contra de la monarquía o la república en una consulta que no va a valer para nada y cuyos resultados podrán ser manipulados por sus organizadores.