Hacen falta 6.000 agentes fijos en Cataluña

El número de policías y guardias civiles tiene que aumentar en Cataluña. No sólo de manera circunstancial, como ocurrió durante el golpe de Estado del pasado 1 de octubre, sino de forma fija con la creación de 6.000 plazas permanentes en la región. De otra manera, España no contará con los instrumentos suficientes para hacer frente a las constantes amenazas y actos violentos provenientes del entorno independentista. La última alarma ha saltado con las declaraciones de Albert Donaire. El líder de los mossos separatistas ha lanzado un ataque verbal inadmisible que deja bien a las claras la voluntad violenta del régimen que acaudilla Quim Torra: «¡Abramos las cárceles, somos más que la Policía y la Guardia Civil!».

Ante esta inadmisible llamada a la confrontación, el Gobierno debe reaccionar de inmediato si no quiere propiciar con su pasividad un auténtico enfrentamiento civil, ya que los separatistas ya han demostrado que están dispuestos a todo. En primer lugar, Pedro Sánchez debería aplicar un 155 contundente y sin complejos para controlar la policía autonómica, las cuentas públicas y los medios de comunicación. El Ejecutivo no puede permitir manifestaciones de este tipo procedente de los Mossos, de nuevo en manos de los golpistas, y que última instancia son responsabilidad del Ministerio del Interior. En segundo lugar, el incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta perentorio. La pasividad sólo puede llevar a que ocurra algo trágico que lamentemos durante años. Después, las condenas y los lamentos no servirán de nada.

Además de las últimas palabras de Donaire, hay una catarata de hechos —muchos de ellos provocados por la kale borroka catalana de los CDR— que aconsejan más presencia policial. Desde la mujer a la que un independentista le rompió la nariz por quitar lazos amarillos pasando por el acoso a ciudadanos en su día a día e, incluso, a magistrados como el juez Pablo Llarena. La seguridad jurídica brilla por su ausencia. Por lo tanto, no sólo es imprescindible que vuelvan los 7.000 agentes que habían estado desplazados de manera especial durante el 1-O, sino también la presencia de otros 6.000 que permanezcan en la comunidad autónoma para garantizar una paz social que ahora mismo no existe. La inversión en cuarteles, sueldos y medios para dotar adecuadamente a policías y guardias civiles sería muy conveniente. Así, Cataluña no quedaría a merced de la creciente represión independentista.