Esto sí es una mordaza

La nueva Ley de Secretos Oficiales -Ley de Información Clasificada- que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende sacar adelante recoge un severo régimen sancionador, con multas de hasta un millón de euros a quien revele información que previamente se haya clasificado como «confidencial». Cierto es que no menciona a los periodistas pero no deja de ser un aviso a navegantes. No es ningún secreto de Estado que Sánchez soporta cada vez menos a la prensa crítica. El anteproyecto enseña su patita censora cuando señala que el objeto es regular el régimen jurídico aplicable a aquella información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda ocasionar un daño o poner en peligro la seguridad o defensa nacional. Sólo un autócrata como Sánchez puede escudarse en la seguridad nacional para limitar de tapadillo los derechos de libertad de expresión.

Hasta la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha calificado su articulado de «censura» y «más propio de una dictadura». «No sólo son los responsables de establecer dicha clasificación determinados cargos unipersonales, nombrados por el Gobierno, sino que se establece la posibilidad de delegar la facultad de clasificación, creando así una cohorte de funcionarios, ya sean nombrados directamente por el gobierno o en los que estos deleguen, que decidirán, en prácticamente todas las actividades de la vida pública», advierte la FAPE.

Silenciar a la prensa crítica es uno de los sueños húmedos de Sánchez. Recordemos cómo este Gobierno en plena pandemia ordenó a la Guardia Civil «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis». Es más, este cuerpo, bajo órdenes del inquisidor Marlaska, vigiló actos de «desafección al Gobierno» en la primera ola de Covid. Tras ese bochornoso episodio propio de dictaduras bananeras, EEUU denunció los ataques del Gobierno español a la libertad de prensa al consignar la «violencia y acoso» y los «ataques verbales» de miembros del Ejecutivo español a medios de comunicación. El último de ellos, este mismo martes cuando Sánchez desde La Palma acusó a los medios de «intoxicar» sobre una posible crisis de Gobierno. La última vez que negó una, Sánchez tardó apenas diez días en provocarla y desmentirse. Si Sánchez tiene una virtud, es la de ser capaz de llevarse la contraria a sí mismo tantas veces como le sea necesario.