Esto no puede ser el salvaje oeste

España no puede ni debe regirse por la Ley de Lynch. El modus operandi del famoso estadounidense del siglo XVIII que dio origen a la palabra «linchamiento» por ajusticiar sin garantías legales a diversos delincuentes no se puede apoderar de nuestro Estado de Derecho. La mayoría de los españoles rechaza hasta la indignación el comportamiento abyecto de los cinco individuos que conforman La Manada. Son comprensibles las manifestaciones de rabia y repulsa que recorren las calles después de que estos abusadores hayan quedado en libertad provisional. No obstante, una cosa es eso y otra muy distinta que nuestro país acabe convertido en el salvaje oeste. La  Juventud Comunista es un ejemplo de lo que no hay que hacer ante asuntos tan sensibles.

Pedir la horca para los componentes de La Manada es más propio del medievo que del siglo XXI. De igual modo, difundir las direcciones de los condenados es un riesgo para la integridad de sus familias —que poco o nada tienen que ver en todo este asunto— amén de una posible vulneración de la Ley de Protección de Datos. Aprovechar el aparente anonimato de las redes sociales para esconderse es un error. Agitar la calle sin responsabilidad, un peligro. En vez de optar por semejantes dislates, la Juventud Comunista debería dirigirse a sus partidos políticos de cabecera para que trataran de modificar las leyes. De ese modo, y con total respeto a los mecanismos de la democracia, podría evitarse que remedos de el Prenda y sus acólitos cumplieran nueve años de prisión en vez de los 25 que pedía la Fiscalía.

Se trata de dotar a los jueces de herramientas efectivas para condenar con todas las garantías procesales los hechos que acontecen en la realidad, no de aprovechar el ámbito virtual para alentar el linchamiento en las calles. Si tuviéramos un Código Penal a la altura de las circunstancias —y eso incluye la ampliación de la Prisión Permanente Revisable– España sería un lugar más seguro y justo donde no haría falta la Ley de Lynch para juzgar a posteriori. Habría suficientes elementos jurídicos para juzgar en profundidad y sin contradicciones hechos como los de los Sanfermines. Eso sí, hay que ser valientes y estar dispuestos a dar la cara sin complejos en sede parlamentaria. Todo lo demás, es convertir a cinco abusadores en mártires de una cacería sin sentido.