El Estado es el gran desaparecido en Ceuta

No creo que la gente se dé cuenta de verdad de lo que significa lo que está sucediendo en Ceuta. No realmente. Desde fuera parece una crisis gravísima, pero una más; una situación dramática para quienes viven allí, pero algo puntual, uno más de los desmanes que han caído últimamente, como la riada o Adamuz o los incendios. Es un error.

Vamos a los datos: cuatro soldados españoles tuvieron que abandonar precipitadamente su vehículo en la madrugada del jueves después de ser rodeados y atacados a pedradas por unos setenta inmigrantes en Ceuta. Uno de los militares resultó herido. Los soldados lograron alejarse y avisaron a la Policía. Doce ciudadanos marroquíes fueron detenidos.

La escena ocurrió dentro de territorio español, en una ciudad de apenas 18 kilómetros cuadrados que constituye una de las dos fronteras terrestres de España —y de la Unión Europea— con África. Los militares no estaban participando en una operación exterior ni patrullaban una región en guerra. Circulaban por una ciudad española cuando una multitud los obligó a huir. Horas después, el Estado reapareció.

Un centenar de vecinos se concentró para impedir que los vehículos de la Cruz Roja llegaran a la playa del Trampolín, donde cientos de inmigrantes llevan semanas durmiendo a la intemperie. Los manifestantes, algunos con banderas españolas, gritaban: «¡que se vayan!» y «¡fuera la Cruz Roja!». La Policía abrió paso al convoy para que pudiera repartir alimentos.

Los incidentes se trasladaron posteriormente a la playa de Benítez. Algunos residentes entraron en el campamento improvisado, destruyeron pertenencias y prendieron fuego a varios refugios. Los agentes cargaron para dispersarlos. La noche anterior ya habían utilizado gases lacrimógenos para evitar enfrentamientos entre vecinos e inmigrantes.

Pensemos que la ciudad tiene aproximadamente 84.000 habitantes, y hace un mes recibió en apenas dos días una avalancha humana casi equivalente a toda su población. Entre el 30 y el 31 de julio, unas 72.000 personas atravesaron la frontera desde Marruecos. Algunas entraron por los pasos terrestres. Otras bordearon a nado los espigones fronterizos. Hubo familias enteras, menores y jóvenes que habían llegado desde Tánger, Tetuán, Larache y otras ciudades marroquíes después de que las redes sociales difundieran llamadas a marchar sobre Ceuta.

El Gobierno ofreció cifras cambiantes a medida que resultaba evidente la magnitud de lo sucedido. En las primeras horas habló de unas 50.000 entradas y aseguró que 48.300 personas habían regresado ya a Marruecos. El recuento acabó elevándose hasta las 72.000 entradas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó posteriormente que 70.000 habían vuelto.

Tampoco existe una cifra indiscutible de quienes continúan dentro de Ceuta. Madrid calcula que permanecen entre 3.500 y 7.000. Una agencia internacional de noticias situó la horquilla entre 5.000 y 8.000. Las autoridades ceutíes hablan de al menos 10.000 inmigrantes. Un mes después de la mayor entrada ilegal registrada en la historia de la ciudad, el Gobierno español desconoce cuántas personas siguen allí.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes quedó desbordado inmediatamente. Miles de recién llegados ocuparon parques, calles, playas y descampados. Muchos continúan esperando la posibilidad de viajar a la península. El 16 de agosto, varios centenares se manifestaron en una playa para exigir asilo y rechazar su devolución a Marruecos.

El coste humano de la avalancha continúa apareciendo en los cementerios. Agencias de noticias internacionales contabilizaron 82 cadáveres recuperados en el lado español de la frontera y otros 14 confirmados por Marruecos. Al menos 96 personas murieron ahogadas, aplastadas o heridas mientras intentaban superar el espigón y las vallas. Decenas de cuerpos siguen sin identificar. En el cementerio musulmán de Ceuta han sido enterrados con números, a la espera de que las pruebas de ADN permitan algún día devolverles un nombre.

La catástrofe tampoco llegó sin aviso. Durante los diez días anteriores, cerca de mil personas habían alcanzado Ceuta a nado. Trabajadores de la frontera advirtieron del aumento de las llegadas y pidieron instrucciones precisas. Informaciones de inteligencia interpretaron aquellos movimientos como una prueba de la actitud de Marruecos. Según una reconstrucción de una agencia internacional de noticias, las alertas no provocaron una respuesta proporcionada del Gobierno.

Cuando decenas de miles de personas se pusieron en marcha, España tuvo que enviar precipitadamente refuerzos militares y policiales. Marruecos desplegó antidisturbios, camiones con cañones de agua y gases lacrimógenos. En los alrededores de la frontera quedaron los restos calcinados de un autobús y siete automóviles.

La embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, declaró que aquella situación «no era deseada por el Reino de Marruecos», partidario, dijo, de una inmigración «legal, ordenada y segura». Grande-Marlaska continuó presentando al país vecino como un socio fiable.

España instaló después una barrera marítima de 500 metros y elevó a más de 1.600 el número de policías desplegados. Marruecos detuvo el 14 de agosto a 111 personas que se dirigían hacia Ceuta ante una nueva convocatoria difundida por las redes sociales.

Las medidas contuvieron otra entrada masiva. No resolvieron la situación interior. Los servicios públicos quedaron saturados, las playas continuaron ocupadas y aumentaron los robos, las agresiones y los ataques a funcionarios. The Times cifra en 16 las agresiones sexuales denunciadas desde el comienzo de la crisis. Diecisiete presos marroquíes han tenido que ser trasladados a Algeciras para aliviar la presión sobre la cárcel ceutí. El Gobierno aprobó 25 millones de euros adicionales para atender a los menores extranjeros. Envió personal para acelerar las identificaciones y creó finalmente un mando único para la crisis, dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La decisión llegó casi cuatro semanas después de la avalancha.

Pedro Sánchez continuó sus vacaciones mientras Ceuta acumulaba inmigrantes en las calles, cadáveres sin identificar y advertencias de sus autoridades. El Consejo de Seguridad Nacional abordó la situación a su regreso. «La tensión en la ciudad de Ceuta es muy alta porque no hay respuesta del Gobierno y nos sentimos abandonados», declaró la consejera de Hacienda ceutí, Kissy Chandiramani. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha insistido en que Ceuta permanece lejos de la normalidad. Félix Bolaños asegura que las autoridades trabajan «sin descanso» para recuperarla.

Alberto Núñez Feijóo resumió la acusación política: «La gente de Ceuta lleva un mes soportando esto sola. Nada se hizo para impedir la invasión y nada se está haciendo para detener la crisis de orden público que empeora cada día».

El Estado falló al no prever la avalancha, falló en la protección de la frontera y dejó durante un mes a miles de personas durmiendo en los espacios públicos de una ciudad minúscula. Un grupo de inmigrantes pudo rodear un vehículo militar, apedrear a sus ocupantes y obligar a cuatro soldados españoles a retirarse.

Ese mismo Estado encontró hombres, medios y determinación para abrir paso al convoy de la Cruz Roja y cargar contra los vecinos que habían perdido la paciencia. Aquí parece verse un patrón muy claro y alarmante para quien tenga ojos.

Toda autoridad política descansa sobre un intercambio elemental. El ciudadano paga impuestos, obedece las leyes y renuncia a defender por su cuenta su propiedad, su calle y su comunidad. El Estado recibe el monopolio de la fuerza y asume a cambio la obligación de protegerlo. En Ceuta parece conservar intacta la primera parte del acuerdo mientras incumple escandalosamente la segunda.

Occidente ha sufrido atentados, disturbios, guerras y catástrofes naturales. Conserva muy poca memoria viva de una situación distinta: un Estado plenamente constituido, con todos sus impuestos, funcionarios, leyes, policías y soldados, que permanece visible mientras deja de cumplir su función más elemental.

¿Qué se supone que tiene que hacer la gente cuando el Estado no le defiende? ¿Resignarse a perderlo todo, incluida su ciudad? Durante varias generaciones hemos sido educados para llamar a un teléfono, presentar una denuncia y esperar la llegada de las instituciones. Ceuta está empezando a descubrir qué sucede cuando al otro lado del teléfono ya no responde nadie.