Democracia, ciudadanía, derechos civiles

Los derechos civiles protegen la libertad individual de la represión y abuso del poder. El principio de autoridad policial es aplicable ante delincuentes, no contra cualquier ciudadano para vulnerar sus derechos. En España hay millones de retenciones, detenciones preventivas en identificaciones ilegales masivas contra el derecho a circular libremente, realizadas por la policía sin razón justificada. En España no se respetan, se atacan por todas las fuerzas de seguridad (estado, autonómicas y locales) los derechos civiles.

Un policía puede identificar porque le da la gana (“porque tengo autoridad”); cachear, registrar un coche y si encuentra hachís para consumo propio, incautar y proponer sanción (de 600 a 30.000 euros), el salario de un mes o tres años de la víctima del abuso. Prácticas ilegales para estadísticas de los mandos que las exigen, prohibidas en todas las democracias europeas. Abusos ilegales que comenzaron en 1992 con la ley “Corcuera”, ampliada con la ley “Mordaza” de 2015. Asistimos hoy a la aplicación más descarnada de la ley “Mordaza” en los aledaños de la vivienda de Iglesias instigada por el gobierno. También sancionando a los negacionistas por los carteles que exhiben. Se está prohibiendo opinar. Si el gobierno, con sus terminales mediáticas y sus datos, no convence a una amplia mayoría con información y transparencia es porque se está equivocando gravemente. Información y transparencia son lo contrario de propaganda política, sectaria, partidaria y populista.

Eliminar del Código Penal la intervención judicial en las faltas supone que la administración, el estado, te puede sancionar con 120.000 euros (en Galicia, por incumplir disposiciones sobre el COVID-19) sin que el afectado tenga ningún juez imparcial que valore y module dicha sanción. Sanciones desproporcionadas en manos del poder político generan indefensión de la ciudadanía. Decisiones arbitrarias sin control. Se impondrá o no la sanción, será mayor o menor según que intervenga alguien del partido, de cualquier partido de la Casta. Leyes contra pobres que no pueden pagar el coste de recurrir a la justicia. Hay otras leyes, como la de protección de datos, que además de sanciones inasumibles para el 99% de la población, sirven para que no se puedan investigar prácticas corruptas, ni nepotismo, ni otras conductas abusivas. Por ejemplo, la identidad de los asesores que nombran los grupos del Congreso tienen el carácter de reservado. Nadie que cobre un euro de dinero público debería poder ocultar su identidad.

La policía entra en un local, ordenar apagar la música, encender las luces e identifica a todos los presentes, que no pueden salir hasta ser identificados. Es ilegal, aunque se difunde por tv. La policía interpreta las leyes con desprecio a la ciudadanía. El Tribunal Supremo dispone como requisito necesario en las identificaciones que el identificado sea sospechoso de haber cometido un delito o de que puede cometerlo. La exigencia a los policías de realizar identificaciones masivas indiscriminadas en cada servicio es contraria a esa disposición. Los mandos, en vez de confirmar la razonable sospecha de la identificación protegiendo a la ciudadanía, incentivan que se hagan masivamente. No ocurre en ninguna democracia en Europa.

Un policía puede decidir si identifica o no a un ciudadano, pero debe entregarle un documento/recibo donde acredite su identidad -con el carné profesional-, lugar, hora y la razón de la sospecha para hacerlo. Mientras no sea así, somos una sociedad de súbditos del poder y no de ciudadanos con derechos. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los medios de comunicación y los mandos policiales son cómplices por acción y omisión. Esas leyes y prácticas policiales no caben en democracia. Ciudadanía sin derechos civiles, tampoco.