El dedómetro

Antes del verano, la Fundación Hay Derecho publicó su «estudio sobre la transparencia de las entidades del sector público autonómico y la idoneidad de sus máximos responsables», que bautizaron como El Dedómetro y que, tras valorar la preparación y competencia profesional de los responsables de 43 entidades públicas, concluía que el 60% suspendía en mérito y capacidad de dirección. Nada nuevo bajo el sol. Ya sabíamos que el peso político y el mercado de favores pesa más en la selección que los deseables principios de mérito y capacidad. Pero gracias al informe, nuestra opinión ya no se basa en prejuicios o anécdotas, sino en datos analizados.

Aquel dedómetro alcanzaba sólo a dos comunidades autónomas de distinto signo político, para no levantar suspicacias (Valencia y Murcia), pero sabemos que nadie se libra. Si no, que se lo pregunten a Juan Manuel Serrano, el amiguísimo de Pedro Sánchez que, desde que éste lo puso al frente de Correos en 2018, acumula más de 1.100 millones de euros de pérdidas mientras, eso sí, su sueldo supera los 200.000 euros al año. ¿Pedirán los sindicatos responsabilidad por culpa in eligendo?

Todos terminan cogiendo gusto a los chiringuitos. El que esté libre de pecado que enseñe el Boletín Oficial. Aunque, cuando tengamos más dedómetros publicados y podamos comparar tendencias y gobiernos, fácilmente comprobaremos que, también en esto de colocar los amiguetes y meterse por la puerta de atrás en el sector público, la izquierda bondadosa tiene el dedo más ágil. Ya lo decía Errejón cuando animaba a «dejar sembradas instituciones populares para refugiarse cuando gobierne el adversario».

Recientemente, en su empeño de vigilar la calidad de nuestro deficiente estado de derecho y proponer soluciones para mejorarla, los de Hay Derecho han presentado un nuevo «Informe sobre Buenas prácticas para los nombramientos políticos de órganos constitucionales de garantía». Si el anterior podía irritarnos como contribuyentes al ver cómo se gestionan las empresas de las que todos somos accionistas, lo que ahora nos traen es aún más delicado. Si antes eran los empleos y las cuentas de resultados lo que se ponía en riesgo por la incompetencia profesional, ahora es la propia democracia lo que vemos en peligro. Ahora es la mediocridad en forma de sectarismo, la que puede llegar (o ha llegado, diría yo) a los órganos de garantía.

Preocupados por ello y por el deterioro de las instituciones y tras escuchar a 19 expertos; estos sí, de verdad (académicos, magistrados eméritos del Tribunal Constitucional y otros profesionales del ámbito jurídico), proponen varias recomendaciones para la selección de los vocales no judiciales del CGPJ y de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Así, por ejemplo: «Abstenerse de designar a personas que hubieran tenido algún vínculo con el partido que sostenga al propio Gobierno», o «que hayan transcurrido al menos cinco años desde que se desempeñó un cargo representativo o de designación política». Y, sobre todo, una negociación individual sobre cada candidato, para lo cual «los grupos parlamentarios involucrados deben reconocerse la mutua facultad de veto respecto de las propuestas presentadas por los otros, excluyendo la práctica de cuotas ciegas». Claro que, haciendo caso a los expertos y no a la Moncloa, no tendríamos el Tribunal Constitucional como el que tenemos y quizá eso, Sanchez, con lo que viene, no se lo pueda permitir.

Hace tiempo recordaba aquella anécdota que contaba Norman Manea: «¿Por qué continúas predicando si sabes que no puedes cambiar a los malvados?», le preguntaron a un rabino. «Para no cambiar yo», fue su respuesta… Para eso, y para saber cuál será el camino a seguir cuando hayamos de reconstruir lo que el Sanchismo está destruyendo, bienvenido sean informes como este. ¡Buen trabajo, Hay Derecho!