Cómo hacer vulnerable un país

De los terribles terremotos que el pasado miércoles asolaron el Estado de La Guaira y el Distrito de Caracas, es de lo único de lo que no se puede acusar al chavismo. Aunque sí de la limitada capacidad del Estado venezolano para enfrentar las consecuencias materiales de la catástrofe y, sobre todo, para auxiliar y asistir a las decenas de miles de afectados.

La trayectoria y evolución política, social y económica de este gran país es un paradigma de la insolvencia del socialismo populista. Venezuela llegó a ser en los años 70 del siglo pasado la tercera economía del continente. Tener una de las mayores rentas per cápita del mundo y un potencial de desarrollo que servía de polo de atracción para un buen número de emigrantes. Pero cuando la crisis del petróleo obligaba a algunas reformas y a la contención del gasto público, los gobiernos socialistas de la Acción Democrática de Carlos Andrés Perez y Jaime Lusinchi optaron por mantener las políticas expansivas y por un modelo peronista anclado en una administración inoperante y una clase política medularmente corrupta. Las crisis económicas y las revueltas sociales de los años 90 abrieron definitivamente las puertas al chavismo autocrático y a un modelo intervencionista y populista que ha completado el proceso de empobrecimiento económico y de deterioro institucional del país. Todo ello ha arrojado fuera de Venezuela a casi un cuarto de su población.

Claro que ni los difuntos CAP y Chávez, ni el encarcelado Maduro, ni la cleptómana y torturadora Delcy Rodríguez tienen la culpa de que el norte del país se sitúe entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamericana y esté atravesado por varias fallas geológicas. Sin embargo, sí de haber hecho que uno de los países del mundo con mayores recursos naturales, y que hace medio siglo protagonizaba un prometedor proceso de desarrollo humano y económico, sea hoy en día una piltrafa administrativa e institucional que tiene descarnadamente expuestos a los venezolanos a los efectos de esta tragedia.

No les hacía falta irse hasta Japón para ver cómo se prepara una nación para prevenir y enfrentar las amenazas y riesgos naturales; bastaba con mirar cómo lo han hecho países como Chile, que está expuesto a una peligrosísima actividad sísmica. Claro que la democracia chilena, además de haber sabido consolidarse sobre la administración eficiente y las sólidas estructuras institucionales que dejó la dictadura de Pinochet, ha sido capaz de mantener controlada la lacra de la corrupción; y aunque sigue enfrentando retos de desarrollo humano y de distribución de la riqueza, no se ha rendido al socialismo populista que ha asolado a muchos de los países vecinos.

Para que sirva como ejemplo, las obligatorias técnicas constructivas y protocolos antisísmicos limitaron, especialmente en las áreas urbanas, los daños materiales y las víctimas del terrible terremoto (uno de los de mayor intensidad de la historia) que sufrió el centro-sur de Chile en febrero de 2010. Al contrario, en Venezuela, donde esos protocolos dejaron de ser preceptivos, edificios de viviendas sociales, construidas recientemente en La Guaira por la administración bolivariana, se han derrumbado como castillos de naipes mientras aguantaban en pie construcciones levantadas hace más de medio siglo.

Observando estas terribles tragedias, deberíamos dejar de mirarnos el ombligo y no pensar que estas cosas sólo pasan en otros países y en otras latitudes. Cierto es que en España tenemos otro nivel de desarrollo integral y que estamos encuadrados en un entorno europeo que acrece las posibilidades de prevención y de asistencia, pero también que nuestro país ha entrado en una dinámica de deterioro institucional y administrativo que se está haciendo peligrosamente evidente.

Episodios recientes de origen más o menos natural, como los incendios forestales o las riadas, o los numerosos accidentes ferroviarios, y en concreto la tragedia de Adamuz, deberían dejar de observarse como eventos estadísticos de mala fortuna. Tal vez deberíamos tener presente que anormalidades institucionales como la parálisis legislativa o como no tener presupuestos, o que los ideologismos radicales y las políticas populistas y buenistas en las pensiones, en la matriz de generación eléctrica, en las regularizaciones masivas o, en general, en el gasto clientelista, condicionan nuestra economía en el presente y en el futuro. Que excrecencias democráticas como la corrupción o como el amiguismo político o el enchufismo están teniendo un efecto nocivo en la estructura y la gestión administrativa y están contribuyendo al deterioro de los servicios públicos.

También deberíamos pensar si el entreguismo del sanchismo a sus socios, con concesiones competenciales y aberraciones legales como la amnistía, los indultos, las excarcelaciones de presos o la derogación o atenuación de los delitos de rebelión y sedición están contribuyendo a la gravedad de una amenaza secesionista que se refuerza en la debilidad del Estado español. O, por otro lado, caer en que la política internacional personalista y desalineada con nuestros socios naturales también debilita nuestras posiciones en los conflictos territoriales en los que estamos o podemos estar envueltos.

Por supuesto que esta es la hora de asistir a nuestros hermanos venezolanos (o a nuestros compatriotas afectados) con generosidad y dedicación, con medios materiales y con recursos humanos; de mirar y ayudar a Venezuela en un momento en que la propia Venezuela ha perdido la capacidad de ayudarse a sí misma. Pero tanto hechos como esta terrible tragedia natural, u otros acontecidos en España en los que interviene directa o indirectamente la mano de los dirigentes políticos, deben hacernos pensar en si, al igual que en determinado momento le pasó a Venezuela, no estamos en el indeseable camino de hacer un país cada vez más vulnerable.