Carmen Montón, el mayor peligro en el Ejecutivo de Sánchez
Por su propia seguridad, ustedes deben conocer a Carmen Montón, la nueva ministra de Sanidad. Imagínense por un momento enfrentando el peor y más incierto momento de su vida por culpa de un cáncer. Ahora imaginen a un cargo político prohibiéndole elegir el centro que, a su juicio, más garantías le ofrece para salvar su propia vida, la de su madre, la de su mujer, o la de su hijo. Esa fue la pesadilla real de M.M., una enferma con un potente proceso tumoral en un riñón y la presencia de metástasis a la que Montón llamó personalmente a finales de 2017 para evitar que abandonara un hospital público para ingresar en el IVO, el Instituto Valenciano de Oncología, uno de los más afamados de Europa, por tratarse de un hospital concertado al que la actual ministra estaba cortando el flujo de pacientes oncológicos. Debido a este caso, Montón fue demandada en diciembre de 2017 por vulnerar la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
La paciente contestó a Montón que “eso me lo debería haber ofrecido hace tres meses, cuando, desesperada, pedía una solución para mi cáncer de riñón y sólo me daban la opción de extirparlo», en clara alusión a la lentitud de las pruebas en la Sanidad pública valenciana provocada por la cruzada de Montón contra la colaboración público-privada. La gestión sanitaria de Montón durante los últimos tres años en la Comunidad Valenciana la ha situado en la lista de amenazas de mayor virulencia para las posibilidades de supervivencia de un enfermo de cáncer junto a, por ejemplo, una medicación errónea, la herencia genética poco propicia, o la implantación de una célula madre cancerosa, y es vital que los españoles sepan esto.
La ministra de Sánchez es uno de los mejores exponentes para demostrar hasta qué punto la izquierda es nociva y peligrosa para los pobres. Montón, licenciada en Medicina a pesar de no haberla ejercido nunca, demuestra hasta qué punto la naturaleza sectaria de un izquierdista puede violar el propio juramento hipocrático al que se debe por encima de todo y que obliga a “hacer de la salud y de la vida de los enfermos la primera de las preocupaciones y, a no permitir jamás, que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de raza, religión, nacionalidad, de partido o de clase”. Sobre esta última cuestión, la consideración de clase, Montón volvió a demostrar especial y significativa decrepitud moral cuando, a principios de 2016, prohibió a los alumnos de universidades privadas hacer prácticas en universidades públicas, obligando al TSJCV a suspender la censura que, por encima de cualquier consideración, impedía la formación de excelentes profesionales. La actual ministra llegó a provocar un conflicto sin precedentes entre la sanidad valenciana y los profesionales farmacéuticos, quienes por boca de su presidente Jaime Giner, llegaron a anunciar su voluntad de suspender toda colaboración con la administración si Montón persistía en “las coacciones del nuevo modelo sociosanitario”.
La única diligencia demostrada por Montón en el campo sanitario se limitó a su capacidad para colocar a su marido, Alberto Fernández, como gerente de la empresa Egevasa, participada por la Diputación de Valencia, y a su amiga y exsenadora del PSC, Carmen Almiñana como gerente del mayor hospital público valenciano en un proceso absolutamente irregular. Montón es, en definitiva, una gestora peligrosa, sectaria que seguirá primando la ideología sobre la salud del paciente y su gestión. Uno de los nombramientos más preocupantes del nuevo Ejecutivo que sólo ha alcanzado el ministerio por ser un grano en el culo de Chimo Puig y una de las acérrimas defensoras de Sánchez cuando éste era abominado por los suyos como un paria. ¿Cuántos de ustedes confiarían su vida a una ministra que, sobre todo, es un médico que ha ultrajado su juramento hipocrático?
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